Grupo Provincial
Diputación de Ávila
AL PLENO DEL 29 DE
ENERO DE 2018
Don Rubén Arroyo Nogal
como Portavoz del Grupo Provincial Trato Ciudadano en la Diputación de Ávila
según lo dispuesto en el art. 97.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, presenta ante este
Pleno Corporativo, para su inclusión en el orden del día, la siguiente
PROPOSICIÓN a fin de que sea debatida y sometida a votación por el Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Consejo
General de Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES)
(2007) define la Educación Social, desde el punto de vista de las demandas y
necesidades sociales que cubre:
“[La Educación Social es un] derecho de la ciudadanía que
se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico,
generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que son
ámbito de competencia profesional del educador social, posibilitando:
·
La incorporación del sujeto de la educación a la
diversidad de las redes sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad
y la circulación social.
·
La promoción cultural y social, entendida como apertura a
nuevas posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que amplíen las
perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social.”
El CGCEES,
por tanto, sustenta su definición en dos pilares básicos: la Educación social
como un derecho de la ciudadanía y como una profesión de carácter
pedagógico. Este derecho de la ciudadanía vendría a cubrir un conjunto de
carencias sociales por medio de la prestación de prácticas educativas y
sociales. Actualmente, estas prácticas son llevadas a cabo por educadores y
educadoras sociales, que se han formados en distintas disciplinas como la
pedagogía social y que reciben una retribución económica por ello, lo que
otorga a la educación social su carácter profesional.
La Educación
Social es una profesión de carácter pedagógico, que aplica prácticas de acción
social y educativa en contextos variados, tales como adicciones, desarrollo
comunitario y participación ciudadana, diversidad funcional, educación
ambiental, educación para la convivencia, educación de personas adultas,
orientación familiar, dependencia, igualdad de género y violencia, inserción
social, mediación, salud mental, etc. A pesar de resultar relativamente poco
conocida, es desde los años 90 una titulación universitaria. El reconocimiento
académico y formativo de la Educación Social se articuló tras la aprobación en
el año 1991 del Real Decreto 1420/1991, de fecha 30 de agosto, que reguló el
diseño curricular de las formaciones para la diplomatura universitaria de
Educación Social.
Cabe señalar
que Salamanca cuenta con dos Universidades que imparten actualmente el grado en
Educación social, la USAL y la UPSA. Por su parte, la Universidad de León y
Burgos también lo imparten y la UVA, en Valladolid y Palencia, cuentan también
con este grado en sus titulaciones.
La
profesionalización de la figura de educador social supuso importantes mejoras
en lo tocante a su formación, a la consolidación de las prácticas
socioeducativas y al desarrollo de nuevas herramientas. Las educadoras y los
educadores sociales intervienen de forma directa, para actuar sobre
determinadas situaciones sociales, a través de estrategias de carácter
educativo. Además, se organizan en colegios profesionales, que promueven el
desarrollo de la disciplina y fomentan las buenas prácticas.
No obstante,
y a pesar de su notable presencia en los equipos profesionales de servicios
sociales de ayuntamientos y diputaciones, la falta de regularización de la
profesión impide un establecimiento claro de su alcance y sus límites,
favoreciendo el intrusismo y la falta de criterios a la hora de afrontar
procesos públicos de selección de esta figura profesional y de determinar sus
funciones. Su incorporación a los equipos profesionales de servicios sociales
básicos de los ayuntamientos y diputaciones, como administraciones más cercanas
a la ciudadanía, está siendo muy lenta. En la actualidad, es un perfil habitual
y fundamental en otras comunidades autónomas como Cataluña y País Vasco, no
dándose esta situación en Castilla y León.
La Educación
Social, sin embargo, no puede sino considerarse una profesión estable, dotada
de un cuerpo de conocimientos distintivos y específicos provenientes de la investigación
científica y el desarrollo teórico de la pedagogía social, plasmados en la
formación de diplomatura o grado. El desarrollo de funciones públicas
específicas con criterios técnicos de intervención, el reconocimiento de una
retribución económica, la asunción de un compromiso ético y el autocontrol
sobre el colectivo que ejercen los colegios profesionales son argumentos que
evidencian un claro desfase entre la realidad de la profesión y su falta de
regularización por parte de las administraciones.
Por lo expuesto, el Grupo Provincial Trato Ciudadano presenta al
Pleno esta PROPOSICIÓN para que se considere y se someta a votación el
siguiente
ACUERDO.
1. Manifestar el apoyo de la
Diputación de Ávila a la Educación Social como profesión que cubre necesidades
y demandas de la ciudadanía y genera cambios sociales a través de la educación.
2. Instar al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la creación de una Ley de
Regularización de la Profesión de Educación Social.
3. Dar traslado de estos
acuerdos al Consejo General de Colegios Profesionales de Educadoras y
Educadores Sociales y al Colegio Profesional de Educadores y Educadoras
Sociales de Castilla y León.
En Ávila, a 22 de enero
de 2018.
Rubén Arroyo Nogal
Portavoz del Grupo Provincial
de Trato Ciudadano
Grupo Provincial
Diputación de Ávila
AL PLENO DEL 29 DE ENERO DE 2018
Don Rubén Arroyo Nogal como Portavoz
del Grupo Provincial Trato Ciudadano en la Diputación de Ávila según lo
dispuesto en el art. 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades locales, presenta ante este Pleno
Corporativo, para su inclusión en el orden del día, la siguiente PROPOSICIÓN a
fin de que sea debatida y sometida a votación por el Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las mafias de trata de seres humanos, con fines de
explotación sexual o laboral, mueven 8,3 millones de euros al día en España,
según datos del año 2016 del Ministerio de Sanidad.
El artículo 117 bis del Código Penal
Español tipifica como delito la explotación sexual, incluyendo la pornografía,
en base a una serie de tipos y supuestos redactados en dicho artículo.
La explotación sexual afecta a ambos
sexos, pero principalmente son mujeres y niñas quienes sufren una de las
expresiones más detestables de la violencia contra las mujeres y de desigualdad
entre los sexos. La prostitución forzosa y la explotación sexual existen, entre
otras muchas razones, porque hay una demanda de algunos prostituidores, mal
llamados clientes, que se complacen sexualmente con la sumisión y humillación
de otro ser humano, perpetuando así esta forma de esclavitud.
Y existen también por muchos otros
factores que visualizan, potencian e incitan a estos comportamientos. Por
ejemplo, los anuncios publicitarios que es habitual encontrar entre los
contenidos de numerosos medios de comunicación.
En la mayoría de países europeos se
equipara esta publicidad al proxenetismo. Sabemos que la eliminación de este
tipo de anuncios no acabará con la explotación sexual, pero, sin duda, será una
traba más en su difusión y un elemento de sensibilización contra una lacra
social presente en nuestra sociedad y en nuestra ciudad.
Los anuncios de sexo de pago en los
medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales (muchas veces
encubiertos bajos otros epígrafes menos explícitos), promueven una prostitución
que, en muchos casos, controlan organizaciones criminales y mafias y que son
una forma de violencia contra las mujeres que hay que erradicar. La presencia
de estos anuncios “normalizan” esta situación de prostitución forzosa mediante
reclamos publicitarios falsos y engañosos que sólo sirven para que las mafias
sigan traficando con, principalmente, las mujeres y “legitimando” la
explotación sexual a través de la comercialización.
España es el único país de su
entorno en el que todavía existen diarios de información general que hacen
negocio con este tipo de anuncios, a pesar de que el Plan de Lucha contra la
Trata incluye una petición (no una exigencia) para que los eliminen.
En el año 2013, bajo el gobierno del
actual presidente, M. Rajoy, el Congreso de los Diputados aprobó una
proposición no de ley que contó con el apoyo de todos los grupos, en la que se
consideraban estos anuncios una “agresión contra la dignidad de las mujeres”.
Nuestra Diputación tiene
competencias muy limitadas en este campo, pero eso no le impide promover
actuaciones de sensibilización y prevención que fortalezcan el rechazo social a
la explotación sexual y frente a este tipo de anuncios, que fomentan el
componente de violencia, desigualdad y discriminación que conlleva para las
mujeres. Acciones con el fin de modificar actitudes de aceptación y
desincentivar su consumo
Por lo que invitamos a esta
Corporación a servir de ejemplo y apostar por una lucha decidida con la trata
de seres humanos dentro de nuestras competencias y de nuestro entorno, así como
defender el derecho a no sufrir abusos ni a ser utilizadas sexualmente, ni de
forma gratuita ni a cambio de ninguna compensación.
Por lo expuesto, el Grupo Provincial
Trato Ciudadano presenta al Pleno esta PROPOSICIÓN para que se considere y se
someta a votación para el siguiente ACUERDO.
1.- La Diputación Provincial de Ávila acuerda
que, en defensa de los Derechos Humanos y la lucha contra la violencia de
género, se iniciarán las acciones necesarias para que en todos los procesos de
contratación que se realicen desde este Ayuntamiento con medios de
comunicación, se incluyan cláusulas sociales que primen las líneas editoriales
que hayan renunciado a la publicación de anuncios que puedan
fomentar la violencia de género y la prostitución. Incluidos los contratos
menores de contratación directa.
2.- La Diputación Provincial de Ávila, dentro de
las competencias que la ley le atribuye, no concederá ningún tipo de subvención
a medios de comunicación que publiquen anuncios que puedan fomentar la
violencia de género y la prostitución.
3.- Dar traslado de estos acuerdos a
todos los medios de comunicación con los que esta Diputación mantenga
relaciones contractuales y/o comerciales en la actualidad e instarles a que
asuman la petición del Plan de Lucha contra la Trata para que eliminen estos
anuncios.
Transcurrido un plazo prudencial de dos
meses, si los medios que hayan recibido la petición de esta Diputación en
relación a la eliminación de anuncios que colaboran con la prostitución o
puedan incitar a la violencia de género, perseveran en esa línea, se iniciará
un proceso de rescisión de las colaboraciones no sujetas al régimen de la Ley
de Contratos del Sector Público como: publicidad institucional, suscripciones,
anuncios, etc. Así mismo, la Diputación propondrá la no prórroga de los
contratos vigentes a la finalización de los mismos.
4.- Instar al Gobierno Central y al
Autonómico para que promuevan algún tipo de normativa que impida a los medios
de comunicación lucrarse con la explotación sexual (mediante anuncios o
publicidad), al suponer esta una forma de colaborar con la prostitución que, en
muchos casos, controlan proxenetas y mafias y, en definitiva, con la violencia sexual.
Y cumplir así con las recomendaciones del Plan de Lucha contra la Trata.
En Ávila, 22 de enero de 2018
Rubén Arroyo Nogal
Portavoz del Grupo Provincial de Trato Ciudadano
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