22 julio, 2017

ESCRITO DEL GRUPO MUNICIPAL TRATO CIUDADANO DIRIGIDO AL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
















SR. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA.
D. JESÚS CALDERA CAPITÁN


Ávila, 18 de julio de 2017.






El Pleno Municipal, del pasado día 30 de junio de 2017, abordó una Moción de Trato Ciudadano por la se “exige a la Junta de Gobierno Local la revisión de la licencia de Uso Común especial para terraza fija”, relativa al establecimiento mercantil denominado Maspalomas.

En un momento del citado Pleno, el concejal y portavoz del grupo político Ciudadanos, demanda un informe del señor Secretario, en los términos siguientes: “Me gustaría saber en este caso si está el informe que se pide para este Pleno y como mínimo, me gustaría que por parte del señor Secretario General nos aclare si el Pleno del Ayuntamiento es competente para exigir esto a la Junta de Gobierno Local”.

La Moción de Trato Ciudadano cuestionaba la invasión de competencias del Pleno por la Junta de Gobierno Local (JGL, en adelante) por la posible modificación de la naturaleza jurídica de un bien municipal, y exclusivamente planteaba al Pleno el ”exigir la revisión de la licencia de Uso Común especial para terraza fija”, a la JGL, justificando motivadamente que solicitar la revisión de una licencia es un derecho que ampara a cualquier ciudadano, por lo que evidentemente no le puede ser negada al propio Pleno municipal. En todo el texto de la moción no aparecen en lugar alguno los conceptos de “revocación o nulidad”, que son esgrimidos por el Secretario en su “informe in voce” ante el Pleno. Es decir, prescindiendo total y absolutamente del texto escrito que, en el preámbulo de la presentación, tanto el propio Alcalde, como el Secretario General, acababan de leer que se trataba de la “revisión” de un acuerdo de la JGL y de la posible invasión de competencias del Pleno.

Nada se dice, el informe “in voce”, de la posible invasión de competencias del Pleno por la JGL conforme estaba planteado, prescindiendo absolutamente de ello en la argumentación, pese a ser requerido al efecto. Pero mina extremadamente toda veracidad el hecho de que el Secretario prescinda del texto por él mismo leído, para fijar la posición legal en términos de si el Pleno puede o no “revocar” una decisión de la JGL. Las palabras exactas del Secretario General son las siguientes (vídeo oficial, 1:16:17), a requerimiento del portavoz de Ciudadanos:

No cabe en el ordenamiento jurídico actual el que el Pleno revoque ese acuerdo o lo anule. Si cabe, que por los procedimientos habituales el propio órgano que tomó el acuerdo considere que ese acuerdo es nulo de pleno derecho o anulable y comience un procedimiento de nulidad o de anulación del mismo, pero solamente en ese caso. Es decir, el órgano competente para el ejercicio de esa atribución que legalmente tiene conferida; por lo tanto, el Pleno no puede anular un acuerdo de la JGL, ni la Junta de Gobierno puede anular un acuerdo del Pleno, sería incongruente plenamente al sistema básico de de funcionamiento de las entidades locales.”

El Secretario expresamente refiere un razonamiento legal que carece de toda base real, simplemente, la Moción de Trato Ciudadano en absoluto pretende la “revocación y nulidad” de acuerdo alguno de la JGL, exactamente “exige la revisión”; y ese dato esencial de la realidad ha sido reconocido en sus mismas palabras por el Secretario General en la presentación de la Moción. ¿Ha perdido el Secretario General en instantes la noción de realidad?, ¿se le ha olvidado la diferencia legal entre “revisión” y “revocación y nulidad”?

Cuando el Secretario General afianzaba hace tiempo y presto a tomar posesión, en algún medio de comunicación, la convicción ética de regresar a su puesto de funcionario público al margen de otros intereses, con el aval de haber sido diputado, portavoz parlamentario y ministro, todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Ávila excepto Trato Ciudadano acordaron depararle un “placentero retiro”, mediante la fórmula “dolce far niente”.

¿Cómo se diseñó el mecanismo de la “dolce far niente”?, de una forma extremadamente sencilla. Todos los grupos políticos -excepto Trato Ciudadano- convinieron con un texto, redactado por el entonces Secretario General y hoy Oficial Mayor, conforme al que “todas” las atribuciones legales del Secretario General se delegaban en el Oficial Mayor. Simplemente, el Secretario bien podía no hacer nada puesto que el Oficial Mayor se ocuparía de ello. Más allá de la desconfianza política, se trataba de imponer un sistema en el que el entonces Secretario se consolidaba como el “factótum político” esencial del Ayuntamiento, conforme venía ejerciendo. Tal medida supone que, tanto el Secretario General como el Oficial Mayor, perciben la misma retribución, … al céntimo (teniendo en cuenta que el Oficial Mayor tiene consolidado el nivel 30), lo que en coste supone en torno, o más, de 200.000 euros para las arcas municipales. Un Ayuntamiento con dos Secretario Generales, de facto y con idénticas retribuciones, es evidentemente un engaño a todo principio de racionalidad administrativa y describe objetivamente el “hecho diferencial” que en sí mismo da naturaleza al Ayuntamiento de Ávila

Esta explicación, en nada superflua, indica que el Secretario General del Ayuntamiento de Ávila bien puede dedicarle una mínima atención a los asuntos que se ventilan en el Pleno, aunque simplemente consistan en leérselos y entenderlos; es decir, conocer, analizar, estudiar, ponderar y establecer parámetros interpretativos, calibrar sus funciones esenciales de fe pública y de asesoramiento legal preceptivo, al margen de las frivolidades que le encauzan exclusivamente a sus abultadas retribuciones. Es decir, que goza el Secretario General de unas condiciones profesionales nada agobiantes, que en nada pueden justificar su desconocimiento, al margen de que si necesita un reciclaje profesional es evidente que ello le va en el sueldo.

Inevitablemente, es imposible comprender cómo un alto y cualificado funcionario puede confundir y tergiversar conceptos jurídicos esenciales, tan diáfanos como “revisión” y “revocación y nulidad”, máxime, cuando además acaba de leer el texto sobre el que se pronuncia. Debemos descartar que se trate de un acto de “malicia”, que depararía efectos mucho más graves. Pero se trata de un hecho en el que las funciones esenciales del Secretario General, de “fe pública” y de “asesoramiento legal preceptivo”, resultan esencialmente dañados. Hay dos formas de manipular la democracia y el derecho, una es falseando y modificando la realidad de las cosas y la otra mediante la aplicación fraudulenta de las normas jurídicas. Y en este caso han dado las dos a un tiempo.

El orden público del foro le atribuye al Secretario General del Ayuntamiento un papel de imparcialidad inviolable, que se sustenta en los principios de “fe pública” y de “asesoramiento legal preceptivo”. El primero le obliga a constatar la realidad de las cosas objetivamente, tal cual son y conforme suceden, y el segundo le obliga a confrontar esa misma realidad con la racionalidad de las normas jurídicas, que son un predicamento insobornable del Estado de Derecho.

Es el Estado de Derecho el que hace dueño a toda la ciudadanía del ordenamiento jurídico, que singularmente a nadie pertenece, y precisamente es él quien nos protege de que nadie pueda modificar la realidad de las cosas engañándonos con que lo que vemos no son molinos sino gigantes. La artera manipulación de la realidad es uno de los actos más viles e inaceptables en el ser humano, ya que mina toda posibilidad de confianza y de entendimiento.

Trato Ciudadano, que es la expresión democrática de la soberanía ciudadana a la que representa en el Ayuntamiento de Ávila, se considera vejado por el Secretario General del Ayuntamiento, respecto a su posición política en el Pleno, al confundir, alterar y modificar la realidad de las cosas contenida por escrito fehaciente y conocido, y dictar informe “in voce” en el acto solemne de un Pleno municipal contrario a la realidad de la Moción que era debatida. Independientemente de las consecuencias jurídicas. Se insta, al Secretario General del Ayuntamiento de Ávila, a pedir las disculpas pertinentes por la falta de diligencia, atención y estudio a la Moción presentada por Trato Ciudadano, considerando que el Pleno es el máximo órgano de la soberanía municipal y la expresión de su voluntad; es un hecho debido por el cargo que ocupa, pero en mayor medida por su propia coherencia y dignidad personal.




Grupo Municipal de Trato Ciudadano en el Ayuntamiento de Ávila.        

Alba Moreno Tejedor              Milagros Martín San Román          Rubén Arroyo Nogal

20 julio, 2017

MOCIÓN DE TRATO CIUDADANO PARA EL PLENO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Grupo Provincial
                                                                                                                                             
                                                                



                                         Diputación de Ávila






AL PLENO DEL 24 DE JULIO DE 2017

Don Rubén Arroyo Nogal como Portavoz del Grupo Provincial Trato Ciudadano en la Diputación Provincial de Ávila según lo dispuesto en el art. 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, presenta ante este Pleno Corporativo, para su inclusión en el orden del día, la siguiente PROPOSICIÓN a fin de que sea debatida y sometida a votación por el Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Simplemente con decir “Sierra de Gredos”, la inmensa mayoría de los habitantes de nuestra provincia identifican y “se identifican” rápidamente con este espacio geográfico del sur de Ávila. A pesar de que compartimos gustosamente la Sierra con nuestros vecinos madrileños, toledanos, cacereños y salmantinos, para los abulenses Gredos no sólo es una montaña, sino que es La Montaña y sobre todo Nuestra Montaña.
No vamos a hacer en esta exposición de motivos un exhaustivo relato de los numerosos valores tanto naturales como culturales e históricos que atesora la Sierra de Gredos, puesto que son ya de sobra conocidos y han sido objeto de innumerables trabajos científicos y de divulgación. Pero sí queremos recordar la importante relación ancestral que han tenido los pobladores de nuestra provincia con este territorio serrano, tanto desde el punto de vista social como económico y cultural y que ha sido clave para el devenir no sólo de los moradores de dicho entorno, sino también para el resto de los habitantes de la provincia.
Desgraciadamente, esta relación de los abulenses con Gredos también ha tenido (y sigue teniendo) momentos en los que todos estos valores de los que nos sentimos tan orgullosos se han visto amenazados por la especulación y la mala gestión de los recursos,  ello a pesar de que desde hace años se han emitido diferentes normativas de protección sobre la Sierra de Gredos y sus componentes.
Alguna de estas normas legales no han conseguido el desarrollo normativo que ellas mismas tienen previsto en su contenido, lo que impide que el Parque Regional de la Sierra de Gredos alcance el nivel de protección, gestión y ordenación que debería y por tanto que continúe sometido a la amenaza de su destrucción. La más importante de ellas es sin duda la elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) que le corresponde como Parque Regional incluido en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León y que debería haber sido elaborado por la autoridad autonómica hace muchos años, concretamente 20, ya que en la Ley 3/1996, de 20 de junio, de declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos (BOCyL 28-6-96) se establecía un plazo de un año para la aprobación de dicho PRUG.
La propia Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, en su artículo 70, punto 1 establece que los PRUG son los instrumentos de planificación y gestión de los Parques Regionales y desde Trato Ciudadano consideramos que un espacio natural tan importante y relevante para la provincia con es la Sierra de Gredos no puede continuar sin las medidas legales necesarias para garantizar su adecuada conservación y pervivencia en el tiempo.

Por lo expuesto, el Grupo Provincial Trato Ciudadano presenta al Pleno esta PROPOSICIÓN para que se considere y se someta a votación el siguiente

ACUERDO.

1      Solicitar a la Junta de Castilla y León que en el ámbito de sus competencias, en el menor tiempo que sea posible, proceda a la elaboración y aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos.




En Ávila, a 20 de julio de 2017.





Rubén Arroyo Nogal
Portavoz del Grupo Provincial de Trato Ciudadano



29 junio, 2017

MOCIÓN DE TRATO CIUDADANO PARA EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO de 30 de junio 2017


                                                                           Grupo Municipal
             
                                                                                                                                
                                                                                     Ayuntamiento de Ávila            








AL PLENO DEL 30 DE JUNIO DE 2017





Doña Alba Moreno Tejedor como Portavoz del Grupo Municipal Trato Ciudadano en el Ayuntamiento de Ávila según lo dispuesto en el  art. 22.2.k) de la Ley de Bases de Régimen Local (relativo a las competencias del Pleno en materia de “alteración jurídica de los bienes de dominio público”), y el  art. 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, presenta ante este Pleno Corporativo, para su inclusión en el orden del día, la siguiente PROPOSICIÓN a fin de que sea debatida y sometida a votación por el Pleno.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En estos días se está llevando a cabo la construcción de una terraza cubierta en el Jardín del Recreo que a todas luces causa alarma social no solo por la discutible ubicación del edificio, en pleno espacio de “parques y jardines de dominio público”, respecto al trazado de sus paseos y arbolado, en confrontación al Planeamiento municipal y a las ordenanzas de terrazas, impidiendo el uso del espacio público por los ciudadanos, sino además por las condiciones de solidez de la instalación, el carácter permanente (diez años) y el procedimiento por el que se ha llegado a la autorización, mediante licencia de uso especial, para que un bien de dominio público sea de uso privativo, exclusivo y excluyente, sin el preceptivo procedimiento legal habilitante de una concesión administrativa, lo que de forma flagrante y escandalosa resulta contrario al ordenamiento jurídico.

La presente moción se sustenta en las competencias irrenunciables de Pleno, toda vez que, el Art. 2.2.k) de la Ley de Bases de Régimen Local establece que le corresponde la competencia en materia de “alteración jurídica de los bienes de dominio público”. Pues, a resultas del asunto en cuestión, el espacio de la concesión pasaría de ser de “uso común especial” a ser de “uso privativo”, conforme a las leyes y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por tanto, y siendo las competencias del Pleno irrenunciables, es una obligación jurídica el que sea sometido y debatido por el órgano que legalmente goza de competencia exclusiva.

No le puede impedir ningún óbice al Pleno del Ayuntamiento y está obligado a afrontarlo, en el ejercicio de sus competencias, abordar las cuestiones que, desde un plano de legitimación, le corresponde a cualquier ciudadano, conforme especifica el art. 10 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 22/2004, para la “acción pública”, lo observado en la normativa urbanística y en particular lo relativo a las determinaciones de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística vigentes. Es más, le corresponden inequívocamente al Municipio las competencias de protección de la legalidad señaladas en el artículo anterior, dentro de su término municipal (Art 336,  Decreto 22/2004). Lo que quiere decir que el Pleno no puede esquivar una cuestión de orden general que afecta, primero a la propia naturaleza de los bienes de propiedad municipal y además al ejercicio de las funciones públicas.

Evidentemente, el Pleno debe gozar al menos de los mismos derechos que asisten al común de los ciudadanos, por lo que la exigencia de “revisión de las licencias”, que establece el Art 361 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y león (Decreto 22/2004), debe ser de aplicación a las competencias del Pleno del Ayuntamiento de Ávila, respecto a los concejales integrantes del mismo. Normativa que permite impulsar la “revisión de oficio” (Art 361.5), no solo sobre el contenido de las licencias urbanísticas sino sobre su ejecución final.

El fondo del asunto es perfectamente identificable, ya que se tramita un permiso de licencia para una “terraza fija”, que se acogería al “uso común especial” del espacio público, para convertirlo en un “uso privativo”, con garantía de permanencia durante 10 años. Evidentemente, se trata de realidades jurídicas bien diferentes, por cuanto la “apariencia de legalidad” se ampara en una simple ordenanza de terrazas, pero termina siendo una “concesión de servicio público”, por 10 años · Es decir, que se esquina la ley vigente y aplicable del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para aplicar la Ordenanza de Terrazas, que igualmente se viola flagrantemente, para otorgar una concesión de dominio público, durante 10 años; es decir, con “vocación de permanencia” y frente a la propia doctrina del Tribunal Supremo. No se trataría solo de un evidente fraude de ley, sino de una modificación de la naturaleza jurídica de un bien municipal que está excluida de la competencias de la Junta de Gobierno Local y del propio Alcalde, conforme al Art. 2.2.k) de la Ley de Bases de Régimen Local.

Por todo ello, al amparo de la legislación vigente, constituye un problema esencial de la gestión municipal la prosecución de la autorización al establecimiento “Maspalomas”, conforme a la autorización inicial, al transcurso del expediente y al resultado de la obra concesional que resulta perfectamente identificable.

Una cosa es la Ordenanza de Terrazas que regula, mediante licencia para el uso especial, la mera tolerancia en la vía pública de una terraza desmontable y temporal sin utilización de una obra especial para su fijación, que puede ser revocada unilateralmente por el Ayuntamiento en cualquier momento sin derecho a indemnización, y otra muy distinta es la autorización de un uso privativo por concesión administrativa – artículos 75,77 y 78 del Reglamento de Bienes de las Entidades  (RCL 1956/75 y NDL 2816) donde la doctrina del Tribunal Supremo diferencia uno y otro supuesto de uso, dependiendo de las circunstancias que concurren en cada caso, y entre ellas la de solidez o falta de solidez de las instalaciones y de la vocación de permanencia de las mismas.

Nuestro grupo atiende primordialmente el interés general municipal, pero tampoco puede ser ajeno al grave problema económico que se le va a suscitar al promotor de esa licencia municipal, evidentemente avocada a la ruina en los Tribunales. Compete al Ayuntamiento pensar alguna vez en los perjuicios que pueden ser evitables.

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Trato Ciudadano presenta al Pleno esta PROPOSICIÓN para que se considere y se someta a votación para el siguiente

ACUERDO:

El Pleno del Ayuntamiento de Ávila exige a la Junta de Gobierno Local la revisión de la licencia de Uso Común especial para terraza fija, autorizada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de mayo de 2015, la revisión de la licencia de obras del Proyecto de Ejecución de Instalación de Terraza Fija Cerrada de fecha 16 de junio de 2015, y la revisión de la licencia de obras al Modificado de Proyecto de Ejecución de Terraza, decretada el 14 de junio de 2016.
Cuestionando, igualmente, a la Junta de Gobierno Local, su capacidad jurídica para modificar  la naturaleza jurídica de un bien municipal, en beneficio de un tercero y sin contar con las competencias del Pleno.
 El Pleno requiere, al efecto, un informe jurídico pormenorizado del Secretario General del Ayuntamiento de Ávila, que aborde el conjunto de cuestiones planteadas en esta moción.


En Ávila, 23 de junio de 2017






Alba Moreno Tejedor

                                   Portavoz del Grupo Municipal de Trato Ciudadano                                                                                            

21 junio, 2017

COMUNICADO DE PRENSA SOBRE PISCINA CUBIERTA

Grupo Municipal



Ayuntamiento de Ávila



Piscina Cubierta: Descontrol, chapuza y desamparo.

Queremos denunciar ante la opinión pública lo que consideramos nefasta gestión persistente de las instalaciones deportivas en la Ciudad de Ávila y que revela de manera evidente el caso de la Piscina Cubierta de la Ciudad Deportiva, la insolvencia administrativa y política de este Ayuntamiento, donde queda retratado tanto la nulidad del Servicio de Instalaciones Deportivas Municipales como del área política de la Tenencia de Alcaldía de Cultura, Educación y Deportes donde se encuadra.

La falta de mantenimiento y planificación del servicio de instalaciones deportivas es una constante en el “desmodelo” de gestión instaurado en la ciudad desde su origen. La falta de profesionalización, la externalización, la opacidad y el amiguismo clientelar son el modus operandi que se manifiesta en cada caso: piscina, campos de hierba artificial de Sancti Spiritu, 88 torreones, etc.

En particular, en esta legislatura, los forzados equilibrios que sostienen al PP han configurado un área de Deportes concebido como traje a medida, de última hora, para alojar la frustración política de un concejal que aspiraba a la Diputación Provincial y donde la Tte de Alcalde responsable del área dedica su tiempo a autopromocionarse como futura lideresa a costa del trabajo de los demás. Y es vergonzoso que el Alcalde no sepa ni fuera capaz de responder en el último Pleno, a preguntas de este Grupo Municipal: si existe expediente de ruina, de desafectación ni acuerdo de derribo por el órgano competente, conforme obligan las leyes. Esto demuestra que se encuentra políticamente en una situación de analfabetismo funcional.

Desarrollo de los acontecimientos:

1.- En septiembre de 2016, a una semana del inicio del curso, se anuncia la clausura de la instalación, sin un plan alternativo, presentando como una emergencia sobrevenida un problema que venía manifestando síntomas inequívocos de oxidación y del mal funcionamiento de la deshumidificación del aire desde hace más de 10 años y al que nunca se prestó atención alguna, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores, usuarios y viandantes.
Esta situación no es algo sobrevenido en esta legislatura, sino que tiene sus orígenes y responsabilidad en las anteriores, personificado en sus respectivos responsables políticos: Miguel Ángel Abad y Patricia Rodríguez, actual portavoz del equipo de gobierno.
2.- De manera inmediata, en septiembre de 2016, la Junta de Gobierno Local opta por la demolición de la piscina y buscar financiación para una nueva, manejando unos plazos de tres años para la resolución del problema y un presupuesto estimado entorno a cinco millones de euros entre derribo y nueva construcción.
La reubicación de las necesidades de los usuarios durante estos tres años deja en el más absoluto desamparo en la práctica deportiva a los ciudadanos comunes no vinculados a clubes o grupos organizados.

3.- El Grupo Municipal Trato Ciudadano, en diciembre de 2016, solicita en Comisión Informativa el contraste de los primeros informes técnicos con un estudio exhaustivo de las patologías, sus causas, soluciones, costes del edificio y costes de reparación. Y propone un como alternativa al derribo la convocatoria de un concurso de proyecto y obra de rehabilitación.

4.- El 20 de enero de 2017, el Grupo Municipal Trato Ciudadano ofreció una alternativa en base a los datos del informe técnico municipal, de 15 de enero de 2017, donde se demuestra que es más rentable y más eficaz arreglar la piscina en pocos meses y construir una nueva en tres años, que derribar la piscina actual y esperar tres años a inaugurar la flamante piscina nueva.

5.- Conclusión: El pliego del derribo invierte 500.000€ y ni siquiera cierra el edificio, dejando un solar estéril y el sótano de instalaciones a la intemperie. Así mismo, la única ubicación predeterminada de la nueva piscina apunta la pretensión de unir la actividad de la misma a la gestión del centro 88Torreones, favoreciendo claramente el interés y beneficio privados. A sabiendas de que esta polémica instalación es ruinosa a todas luces.


El actual gobierno municipal, en lo trascendente, no es capaz de abrir un debate razonable, solo admite la adhesión positiva y la tiene en otros grupos. Ante este problema, y otros muchos del Ayuntamiento, el resto de los Grupos Municipales ponen de manifiesto el mismo despiste que el Alcalde, lo que descarta cualquier posibilidad de una mayoría política alternativa a la imperante en el gobierno municipal.

Exigimos el cese inmediato del Jefe de Servicio de Instalaciones Deportivas y la apertura de un expediente para determinar la responsabilidad y el perjuicio a la Hacienda Pública de D. José Carlos Cubillo, la dimisión de la actual portavoz municipal y anterior responsable de Deportes, del actual Concejal de Deportes y de la Teniente de Alcalde del Área de Cultura, Educación y Deportes.




Ávila, 21 de junio de 2017.

03 junio, 2017

NUEVO ENCUENTRO DE TRATO "DE LOS LUNES"



Lunes día 05 de junio

Lugar: Sala de Juntas
IES Isabel de Castilla

Hora: 20,00

25 mayo, 2017

MOCIONES DE TRATO CIUDADANO AL PLENO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Grupo Provincial
                                                                                                                                             
                                                             



                                            Diputación de Ávila






AL PLENO DEL 29 DE MAYO DE 2017

Don Rubén Arroyo Nogal como Portavoz del Grupo Provincial Trato Ciudadano en la Diputación Provincial de Ávila según lo dispuesto en el art. 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, presenta ante este Pleno Corporativo, para su inclusión en el orden del día, la siguiente PROPOSICIÓN a fin de que sea debatida y sometida a votación por el Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Sierra de la Paramera y Serrota, situada al sur del Valle Amblés, representa uno de los espacios naturales más relevantes de la provincia de Ávila y además es uno de los paisajes montañosos más significativos de Castilla y León.

La Sierra de la Paramera y Serrota ha sido incluido por la Junta de Castilla y León dentro de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 como Zona de Especial Conservación (ZEC) debido a la importante presencia de diferentes hábitats representativos de la alta montaña mediterránea, en especial los piornales, los enebrales y los pastizales. Destaca también por su importante comunidad de aves rapaces, por ser el hábitat de las numerosas aves ligadas al pastizal, por tener relevantes especies vegetales y de insectos, y por las características de su gea.

Junto a esos valores naturales, la singularidad de la Sierra de la Paramera y Serrota reside en su paisaje. Paisaje de alta montaña con numerosas muestras de modelado glaciar al que se suma el intenso uso ganadero que desde siglos ha ido conformando la actual imagen de esta cordillera. Esta ganadería extensiva, que hoy en día se sigue practicando en la Sierra de la Paramera y Serrota, así como en los territorios adyacentes, constituye un magnífico exponente de desarrollo sostenible, donde el aprovechamiento económico del territorio no solo es respetuoso con el medio ambiente sino que resulta necesario para su conservación.

Sin embargo, desde hace ya algunos años, han sido numerosas las amenazas que han puesto en peligro la conservación de este paraje, unas veces debido a que esas excelentes cualidades paisajísticas y medioambientales han sido objeto de explotación privada y comercio y en otras ocasiones a causa de su despoblación o por el desconocimiento de sus extraordinarios valores naturales. Cabe recordar algunos proyectos de instalación de infraestructuras eólicas que han acabado por implantarse en el territorio y más recientemente los numerosos proyectos de aprovechamiento de los recursos minerales que amenazan con convertir este valioso paisaje en un auténtico queso Gruyére.

En parte por todas estas circunstancias, la Junta de Castilla y León ya incluyó en el año 1992 a la Sierra de Paramera y Serrota en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. Sin embargo, casi 25 años después de iniciarse la elaboración del correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y sin que se hubiera concluido, la propia administración autonómica dejaba fuera de la nueva Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León a este territorio, lo que motivó las alegaciones de la propia Diputación Provincial.

No parece que la Junta de Castilla y León haya atendido adecuadamente las reclamaciones de la Casa, por lo que desde Trato Ciudadano creemos que es necesario volver a demandar  la inclusión de la Sierra de Paramera y Serrota en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León, con la categoría de Paisaje Protegido, por los siguientes motivos:

  1. El 1 de marzo de 2008, entró en vigor en nuestro país el Convenio Europeo del Paisaje. Ese texto legal constituye la legislación básica europea en materia de paisaje y exige a los Estados adheridos al mismo reconocer jurídicamente los paisajes como elemento fundamental del entorno humano, expresión de la diversidad de su patrimonio común cultural y natural y como fundamento de su identidad (Art. 5 del Convenio). Dicho mandato se aplicará con arreglo a su propio reparto de competencias, de conformidad con sus principios constitucionales y su organización administrativa, y respetando el principio de subsidiariedad, teniendo en cuenta la Carta Europea de Autonomía Local (Art. 4 del Convenio). En virtud de dicho Convenio, cada Parte se compromete a establecer instrumentos de intervención destinados a la protección, gestión y/u ordenación del paisaje (Art. 6 del Convenio).

  1. En desarrollo de lo dispuesto en dicho Convenio internacional, la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, establece que el paisaje constituye un elemento integrador del patrimonio natural de Castilla y León y, a tal fin, la Junta de Castilla y León aprobará la normativa necesaria para garantizar el reconocimiento, protección, gestión y ordenación del paisaje, con la finalidad de preservar sus valores naturales, patrimoniales, culturales, sociales y económicos en un marco de desarrollo sostenible. (Art. 15 de la Ley 4/2015).

  1. Según lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, tendrán la consideración de espacios naturales protegidos los espacios del territorio nacional que cumplan, al menos, uno de los requisitos siguientes y sean declarados como tales:
a) Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo.
b) Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados (Art. 28).

  1. Dentro de los espacios naturales protegidos, tanto la Ley 4/2015 de Castilla y León como Ley 42/2007, establecen la categoría de Paisaje Protegido; definida por ésta como aquella parte del territorio que por sus valores naturales, estéticos y culturales, sean merecedores de una protección especial.

Los objetivos principales de la gestión de los Paisajes Protegidos serán:
a) La conservación de los valores singulares que los caracterizan.
b) La preservación de la interacción armoniosa entre la naturaleza y la cultura en una zona determinada.
En los Paisajes Protegidos se procurará el mantenimiento de las prácticas de carácter tradicional que contribuyan a la preservación de sus valores y recursos naturales (Art. 35 de la Ley 42/2007).

  1. En su ámbito territorial, la declaración de los Espacios Naturales Protegidos corresponde a las Comunidades Autónomas (Art. 37 de la Ley 42/2007), que en Castilla y León se hará por decreto de la Junta (Art. 66 de la Ley 4/2015), correspondiendo su tramitación a la Consejería competente en materia de conservación del patrimonio natural (Art. 67 de la Ley 4/2015).

  1. En caso de la Sierra de Paramera y Serrota se cumplen todos los requisitos para ser declarado Paisaje Protegido de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, en tanto que:
a)     Es un territorio representativo de los paisajes naturales de la Comunidad de Castilla y León.
b)     Presenta hábitats naturales o especies de la flora y fauna de interés, estando integrado en la Red Ecológica Europea "Natura2000".
c)      Resulta fundamental para la conservación en la Comunidad de las especies de fauna y flora amenazadas.
d)     Juega un papel destacado tanto en la conservación de los ecosistemas como en la conectividad ecológica de la Red Natura 2000, asegurando la continuidad de los procesos evolutivos, las migraciones de especies y el mantenimiento de las diferentes funciones de regulación del medio ambiente.
e)     Posibilita la investigación científica, la educación ambiental o el estudio y control de los parámetros ambientales.
f)       Conforma un paisaje rural de singular belleza, valor cultural o importancia para la conservación de la biodiversidad.
g)     Coadyuva, con las características ecológicas adecuadas:
-       Al progreso de las poblaciones y comunidades locales del espacio y su entorno, sirviendo como elemento dinamizador del desarrollo ordenado de la zona.
-       Al aprovechamiento de los recursos naturales sin poner en peligro su papel de regulador ambiental.

h)    Mantiene una adecuada representación, en estado favorable de conservación, de los hábitats naturales y de las especies de interés comunitario y de aquellas que deban ser objeto de medidas de conservación especiales, coadyuvando a la conectividad ecológica.

Por lo expuesto, el Grupo Provincial Trato Ciudadano presenta al Pleno esta PROPOSICIÓN para que se considere y se someta a votación el siguiente

ACUERDO.

1.      Solicitar a la Junta de Castilla y León que en el ámbito de sus competencias, en el menor tiempo que sea posible, declare a la Sierra de la Paramera y Serrota como espacio natural protegido, con la categoría Paisaje Protegido.

2.     Igualmente, se inicie el procedimiento de elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y de las Normas de Conservación de dicho Espacio Protegido, instrumentos de gestión imprescindibles para asegurar una adecuada conservación que garantice su supervivencia en el tiempo.

3.     Del mismo modo, se solicita a la Junta de Castilla y León que amplíe los límites territoriales del Espacio Protegido Sierra de la Paramera y Serrota, incluyendo las denominadas Sierra de Yemas, Sierra de Piedrahíta-Villafranca, así como la totalidad de la Sierra de los Baldíos, por constituir, todas ellas, una unidad biogeográfica homogénea, natural y funcional, tal y como recogen numerosas publicaciones científicas.



En Ávila, a 25 de mayo de 2017.




Rubén Arroyo Nogal
Portavoz del Grupo Provincial de Trato Ciudadano








Grupo Provincial
                                                                                                                                             
                                                             



                                            Diputación de Ávila





AL PLENO DEL 29 DE MAYO DE 2017


Don Rubén Arroyo Nogal como Portavoz del Grupo Provincial Trato Ciudadano en el Ayuntamiento de Ávila según lo dispuesto en el art. 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, presenta ante este Pleno Corporativo, para su inclusión en el orden del día, la siguiente PROPOSICIÓN a fin de que sea debatida y sometida a votación por el Pleno.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

España es uno de los países europeos más afectados por la crisis económica. Desde el estallido de la crisis económica y de la burbuja inmobiliaria en 2007, la población española está sufriendo los severos impactos de la segunda tasa más alta de desempleo de la Unión Europea y del índice de pobreza más alto respecto a los países que la conforman. A ello hay que añadir los recortes presupuestarios, hecho que ha impactado profundamente en el ámbito social. Todo ello desencadenó en una situación de emergencia social de la que todavía perviven sus efectos y que ha sido especialmente grave en el ámbito de la vivienda.

Las consecuencias del estallido de la crisis financiera global en 2007 se hicieron notar rápidamente en el territorio español con subidas de las tasas de interés. Este hecho y la contracción del crédito internacional afectaron gravemente al negocio inmobiliario, sector sobre el cual descansaba la creación de empleo. El aumento del paro en un contexto de sobreendeudamiento generalizado se tradujo en crecientes dificultades para hacer frente al pago de la vivienda. A partir de 2008 y hasta la actualidad la imposibilidad material de pagar el alquiler o la hipoteca se convertiría en un problema de primer orden para las familias.

En el ámbito legislativo, el Estado español tiene una normativa hipotecaria anómala, comparativamente, en el panorama europeo que sobreprotege a la parte crediticia frente a los prestatarios. Esta situación de desprotección del consumidor, denunciada por la UE mediante numerosas sentencias de Tribunal de Justicia de la Unión Europea, junto con modificaciones de la legislación en la ley de arrendamientos urbanos que agilizan los desahucios sin tener en consideración la situación económica o familiar de las personas afectadas y sin que existan medidas orientadas a promover un realojo adecuado que destina a miles de familias a contemplar la ocupación de la vivienda como única alternativa habitacional, ha derivado en la situación de emergencia habitacional que hoy seguimos viviendo y es claramente insostenible.

El ordenamiento español prevé un procedimiento de ejecución hipotecaria que comporta no sólo la pérdida de la vivienda habitual, sino también la posibilidad de que se embarguen los salarios y otros bienes presentes y futuros tanto del deudor hipotecario como de sus avales, subsistiendo parte de la deuda contraída. La regulación actual implica que la entidad bancaria pueda adjudicarse la vivienda por tan sólo el 60% del valor de tasación y seguir exigiendo a la familia el monto restante, más los intereses generados y los gastos del procedimiento judicial. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde el 2007, año en que estalló la crisis, hasta el 2016, el número de ejecuciones hipotecarias se ha situado en 721.000 y el número de desahucios se sitúa en más de 515.000.

A la problemática de las ejecuciones y desahucios hipotecarios se añade la del alquiler, castigado por las consecutivas reformas de la LAU, que han consagrado una inestabilidad en el proyecto vital de las personas cada 3 años y la posibilidad de establecer subidas indiscriminadas de precio cada renovación contractual. El problema del parque de alquiler privado no es de reducida dimensión sino su configuración como régimen inestable y sometido a procesos especulativos que de nuevo ponen de manifiesto la mercantilización del derecho a la vivienda digna y adecuada. Además, a diferencia de los países del entrono europeo con un amplio parque de alquiler privado, no existen medidas orientadas a controlar el precio del alquiler y a impedir rentas abusiva.

Las dificultades para afrontar el pago del alquiler han generado que, según datos judiciales, un 56% de los 660.490 desahucios que se produjeron en 2014 en España estuvieron relacionados con el impago del alquiler, según datos de CGPJ.

Ante la situación descrita, el Gobierno ha legislado iniciativas que se han demostrado totalmente insuficientes e ineficaces. El Real Decreto-ley 6/2012 de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos (conocido como el Código de Buenas Prácticas) no ha conseguido solucionar más que el 0,5% de los casos. El Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios sólo ha conseguido paralizar el 5% de los desahucios durante su vigencia, quedando aplazada la problemática hasta que termine la moratoria, lo que hace vivir en estado de angustia y estrés continuado a las familias afectadas, por ello la necesidad de legislar medidas de cambio estructural para reconducir esta situación legislativa y social de emergencia. Asimismo, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, que han tenido un escaso impacto en la frágil realidad que viven numerosos españoles. Y más recientemente, el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo y Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social que en la misma línea que las anteriores reformas regulan medidas accesorias, paliativas sin abordar de manera estructural la problemática que viven miles de familias.


La Constitución de 1978 reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada y lo vincula a la obligación de los poderes públicos a impedir la especulación (artículo 47), imponiendo a los poderes públicos el deber de garantizar que el derecho de propiedad no se ejerza de forma antisocial (artículo 33) y subordina toda la riqueza, sea cual sea su titularidad, al interés general (artículo 128).


Por lo expuesto, el Grupo Provincial Trato Ciudadano presenta al Pleno esta PROPOSICIÓN para que se considere y de someta a votación para los siguientes

ACUERDOS.

Instar al Gobierno de España a la aprobación de la Ley de Vivienda promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la que se declaran cinco objetivos básicos para hacer frente, de manera afectiva y eficaz, a la emergencia habitacional dando respuesta y solución a las situaciones de sobreendeudamiento, al abuso del sistema financiero, dando alternativa habitacional a las familias en situación de exclusión residencial que sufren procedimientos de lanzamiento ya sea por ejecuciones hipotecarias, impago de alquiler o estar en precario, a la vez que se desarrollan mecanismos para aumentar el parque de vivienda pública, acabar con la inestabilidad e inseguridad de la legislación de arrendamientos urbanos que dificultan el acceso a la vivienda mediante esta opción y finalmente habilitar mecanismos que eviten situaciones de cortes de suministros básicos a los que todo ciudadano ha de tener acceso.



En Ávila, a 24 de mayo de 2017.


  

Rubén Arroyo Nogal
Portavoz del Grupo Provincial de Trato Ciudadano