21 agosto, 2017

ESCRITO DE TRATO CIUDADANO SOBRE EL CONVENTO DE LAS GORDILLAS

A continuación podéis leer el escrito que el Grupo Municipal Trato Ciudadano ha registrado esta mañana en el que se solicita al Ayuntamiento que ejerza su responsabilidad ante la próxima subasta del Convento de Las Gordillas.
También nos hemos dirigido en los mismos términos a la Comisión Territorial de Patrimonio y Cultura de la Junta de Castilla y León, igualmente competente en el asunto.
Ambos escritos se han remitido a los medios de comunicación.



AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA                                              


El Grupo Municipal Trato Ciudadano, ante el Ayuntamiento comparece y, como mejor proceda, dice:

El actual estado de deterioro y ruina del ex convento de las Gordillas y su entorno, en pleno centro urbano, supone un impacto muy negativo que hace dudar de la condición de Ávila como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y un gran inconveniente para el trascurso de la vida cotidiana que pone de manifiesto la extrema necesidad de un plan de actuación municipal para lograr una solución acorde con el interés general de la ciudad.

Sabemos que la degradación de las Gordillas es la consecuencia directa de la prolongada falta de acierto en la gestión urbanística de la zona: Iniciada a mediados de los años sesenta, con un proceso especulativo de segregación y construcción sobre la antigua huerta del convento, sin la más mínima planificación. Agravada por la desafortunada ordenación, en su día, del llamado “Polígono Santa Ana” del Instituto Nacional de la Vivienda que, además de la destrucción de gran parte del acueducto medieval de la ciudad, marginó la presencia urbana del conjunto arquitectónico conventual. Las Gordillas, hoy en Ávila, es sinónimo de degradación urbana y abandono del patrimonio Arquitectónico.

Sin embargo, la actual coyuntura urbanística permite entender el conflicto como reto y oportunidad para emprender un camino distinto. Desde la implicación directa del Ayuntamiento de Ávila en una decidida política de regeneración urbana que dinamice la ciudad actual, rescate el valor Arquitectónico y urbanístico del Patrimonio histórico, mejore las condiciones del espacio público y en definitiva, incremente la calidad de vida de los ciudadanos.

En la página web de la Agencia Tributaria, se anuncia Subasta nº S2017R47863007 correspondiente al 75.51% del Convento de las Gordillas en Ávila, que se celebrará el próximo día 12 de septiembre de 2017 en la Delegación de Valladolid, con un tipo de salida de 370.432€, resultando el Ayuntamiento de Ávila como Acreedor preferente.

Dada la condición de Bien de Interés Cultural del edificio objeto de la subasta y las prerrogativas que la legislación de Patrimonio establece sobre el derecho de Tanteo y Retracto de la administración pública, así como la determinación de la prioridad de destinar a uso público los edificios declarados BIC, el Grupo Municipal de Trato Ciudadano considera que resultaría altamente positivo, como primer paso para lograr la óptima regeneración urbana de la zona, la adquisición pública del edificio que ahora se subasta y es por lo que:

SOLICITAMOS:  Convocatoria urgente de la Comisión de Servicios a la Ciudad y de la Junta de Gobierno Local, que permita el debate y adopción de las medidas necesarias para salvaguardar la defensa de los intereses de la ciudad, mediante la participación en la pública subasta por la Agencia Tributaria, del ex convento de las Gordillas, bien directamente practicada por el Ayuntamiento de Ávila, o en todo caso y de forma alternativa, se inste a la Junta de Castilla y León para que ejercite sus competencias.




Ávila 21 de agosto de 2017


Por el Grupo Municipal de Trato Ciudadano
Fdo. Milagros Martín San Román

09 agosto, 2017

COMUNICADO DE PRENSA

A continuación os mostramos el Comunicado de Prensa conjunto de Trato Ciudadano y FeSP-UGT ÁVILA sobre la reciente sentencia del TSJCyL favorable al Recurso que en su momento interpuso Trato Ciudadano sobre la aprobación del Reglamento de Funcionamiento del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina.



 

















NOTA DE PRENSA



            EL TSJ DE CASTILLA Y LEÓN CONDENA A LA DIPUTACIÓN POR FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA APROBACIÓN DE SUS NORMAS.

Ávila a 09 de agosto de 2017

Se refiere esta sentencia de 14/07/17 a la aprobación del Reglamento del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina, cuya publicación y aprobación definitiva se hizo en el BOP de 07/06/16 - Acuerdo del Pleno de la Diputación de 30/05/16-, sin publicidad, lo que hace que sea declarado nulo de pleno derecho.

         Es la mayor aberración que puede cometer una institución pública: aprobar normas dándolas una redacción distinta a la que fue sometida a información pública.

Esta redacción diferente se hizo a propuesta de la propia Diputación, por la funcionaria Jefa del Servicio de Familia, Dependencia y Oportunidades y con el visto bueno del Sr. Secretario General de la Diputación. Cabe recordar que la citada funcionaria –M.L.R.S.-, fue cesada tras la sentencia del TSJ de Burgos (24/06/2016), que condenaba a la Diputación Provincial de Ávila por desviación de poder, al haberse apartado el Presidente de la Diputación del concreto interés general propio de la ordenación de los servicios.

Si no fuese por lo dramático de la situación, seria hasta gracioso, pues hay que recordar que el Centro residencial tiene una lista de espera importante de personas que necesitan recibir cuidados en el mismo; dependientes severos y grandes dependientes a los que se les niega ese derecho a pesar de existir vacantes (32 si incluimos las 16 sin uso de la Unidad de Convalecencia –Pabellón 1 sala 3-).

Los empleados públicos que trabajan en el centro es de 121 (2 médicos, 1 fisioterapeuta, 15 A.T.S./D.U.E., 76 auxiliares sanitarios, 4 auxiliares de farmacia, 3 auxiliares de terapia ocupacional, …)

Estos hechos están siendo investigados por el Procurador del Común de Castilla y León mientras el Presidente de la Diputación NO permite que se dé este servicio al 100 % a la sociedad abulense, limitando los ingresos en el centro con el consiguiente perjuicio para las personas que lo necesitan y sus familias.

Hemos solicitado una reunión por segunda vez en los tres últimos meses– 17 de mayo y 11 de julio- con el Delegado Territorial de la JCyLeón en Ávila, pues es quien tiene la competencia de los servicios sociales en Ávila, y puede activar el funcionamiento del centro residencial al 100 %, implantar en el mismo la unidad de convalecencia y las unidades de convivencia –ya funcionando en el resto de la comunidad-, habiendo tenido la callada por respuesta hasta la fecha, lo que nos hace sospechar la escasa consideración que tiene por los dependientes abulenses D. José Francisco, salvo para la foto.

 

Rubén Arroyo Nogal
Trato Ciudadano
Diputado de la Zona de Ávila

Francisco José Muñoz García
Sº Organización Sindicato
FeSP/UGT-ÁVILA


31 julio, 2017

INTERVENCIONES DEL GRUPO MUNICIPAL TRATO CIUDADANO EN EL PLENO SOBRE EL ESTADO DEL MUNICIPIO

A continuación os mostramos las intervenciones que el Grupo Municipal Trato Ciudadano realizó, en esta ocasión a través de la concejala Milagros Martín, en el debate sobre el estado del municipio que se celebró el pasado viernes día 28 de julio.
Las intervenciones se dividen en dos bloques: en primer lugar una primera algo más extensa y en una segunda ocasión una intervención a modo de réplica a las intervenciones del resto de portavoces.


PRIMERA INTERVENCIÓN : 


FORMATEAR EL AYUNTAMIENTO

Con la experiencia de estos dos años de Trato Ciudadano en las instituciones, nos disponemos a compartir el Relato de lo que entendemos como “estado de la ciudad”.

Fuera de la ley solo hay arbitrariedad, imposición e inseguridad”. (lo dice Felipe VI)

Ávila, hoy, es una ciudad bloqueada por una sensación generalizada de inseguridad, desilusión y hastío, como consecuencia de la evidente falta de un proyecto cierto de futuro.

Cuando, como ocurre en el Ayuntamiento de Ávila, se produce una situación de bloqueo reiterado por la incapacidad política de su gobierno y la interesada desvertebración administrativa del sistema, la solución pasa necesariamente por formatear el sistema: esto es, organizar un nuevo formato en la gestión de los intereses comunes, de manera que el sistema vuelva a ser operativo, o sea, que en nuestras circunstancias resulta inevitable Formatear el Ayuntamiento de Ávila.

Proponemos el cese voluntario, como proyecto político, de esta corporación y abrir un periodo, de 2 años, transitorio y excepcional, en funciones de responsabilidad compartida y reorganización administrativa, guiado por la razón de las normas jurídicas y el destierro de la arbitrariedad y la imposición, en el que se defina un nuevo proyecto participativo de ciudad adecuado a las aspiraciones comunes de los ciudadanos.

Para encontrar la salida es imprescindible reconocer el fracaso de este ayuntamiento,  parar la maquinaria, reparar los daños y corregir el rumbo.

1.- Es de dominio público entre los abulenses el fracaso del modo de gobierno del PP en la ciudad, que los 24 años de mayorías absolutas han dejado Ávila en una posición todavía más alejada de las líneas de progreso social que cuando llegaron al gobierno. Este fracaso queda retratado físicamente en un equipo zombi y en minoría, que ha perdido la confianza de la ciudadanía, de sus votantes e incluso nos atreveríamos a decir que también de su propio partido.

2.-Mientras, el grupo Ciudadanos, sin proyecto de ciudad y sin ambición de cambio, está instalado en la paradoja de calificar de “gobierno zombi” al PP cuando, precisamente, son ellos la fuerza que sujeta esa realidad fatal.

3.-Los grupos Psoe e IU, hace ya tanto tiempo que se acoplaron al sistema, que solo deslumbra su reiterada falta de reacción.

4.-La individualidad del concejal Cerrajero, aprovecha todo lo que se ponga a tiro, ya sea un recinto ferial, o la asignación legítima, de otro grupo, para un contratado eventual.

5.- Por otra parte, Trato Ciudadano es consciente de que el alcance de nuestra representatividad impide, hoy, plantear una alternativa de gobierno, pero sí nos permite aportar una visión diferente al relato oficial, que no debe entenderse como un discurso de ataque al señor Rivas, al Grupo Popular ni a los demás grupos, sino un ejercicio de reconocimiento del mal estado de gobierno de la ciudad, que entendemos a mitad de legislatura como totalmente amortizado.


Como ocurre en cualquier sociedad avanzada, sabemos por experiencia que la solución a nuestros problemas no vendrá nunca de que una élite instalada nos escriba cartas a falsos “Reyes Magos”, que arruinan a la gente y al territorio con peajes, hipotecas, minas de feldespato o maravillosas autovías a ninguna parte. Solo desde la participación, la convivencia democrática y el entendimiento en la diversidad de la ciudadanía, se puede orientar el proyecto que hoy necesitamos. 

Desde este consistorio, proponemos iniciar un proceso de participación ciudadana abierta a todas sus formas de expresión: plataformas, colectivos, vecindarios, asociaciones, instituciones, sindicatos, clubes, partidos, grupos de debate, …etc., que facilite la expresión de la necesidad real de la población, que inspire un acuerdo de mínimos comunes, un trato ciudadano, sobre el que se construya el nuevo sistema de convivencia y el fundamento del proyecto común de ciudad.

Llegados a este punto es necesario una mirada en positivo que permita buscar la salida a otra situación, en un compromiso responsable compartido por todos los grupos, donde sea posible trabajar por el bienestar de la ciudadanía.

Podemos prolongar dos años lo irremediable, o cancelarlo de raíz y empezar, en este mismo momento, un nuevo proyecto, consensuado, que permita hacer útil y merecedor de la confianza ciudadana, el tiempo que resta de la legislatura.



RÉPLICA

Nada puede justificar la incapacidad e incompetencia de la oposición toda para cambiar la política existente. Con un gobierno en minoría, la culpa del mal funcionamiento municipal es de todos los grupos. Nada puede justificar una situación como la existencia de “dos Secretarios Generales” cobrando la misma retribución al céntimo, bajo las condiciones impuestas, además, antes de irse, por el que debía dejar el cargo. Este sí que es un hecho significativo, que evidencia el “hecho diferencial” del Ayuntamiento de Ávila, un acuerdo de todos los grupos municipales al que se opuso exclusivamente Trato Ciudadano.

Las críticas más ácidas y destempladas que ha recibido Trato Ciudadano, por la portavoz del PP en esta sala, han sido gravísimos reproches por intentar traer al Pleno asuntos del máximo interés, como el cementerio de escombros de La Alamedilla, el derribo de la piscina cubierta de la Deportiva, o la "usurpación a título privativo" del espacio de dominio público del Jardín del Recreo por un edificio definitivo, fijo, estable y con conducciones y canalizaciones de agua corriente, al que la ficción política y administrativa de este Ayuntamiento contempla como una simple "terraza".

Trato Ciudadano existe, señor Alcalde, donde tiene que existir, trabajando intensamente por una ciudad mejor. No avasallando todos los espacios de la sociedad civil, con hipócrita complacencia para salir en todas las fotos de todos los actos cívicos. No se puede degradar más la función política al puro postureo, al posado permanente y a la imagen personal.

Y Trato Ciudadano piensa que sí es posible otra ciudad mejor, que es posible mediante el municipalismo y la participación directa de la ciudadanía en sus propios y verdaderos intereses, mediante un pacto destinado a unir la diversidad: un trato ciudadano. Pero, esencialmente es necesario romper con el repliege sobre sí misma de la esfera política rechazando todo lo que sea crítica y abrir puertas y ventanas. Lo que sí es imprescindible, es guiarse por la razón de las normas jurídicas y desterrar la arbitrariedad, pues las normas son el pacto común sobre un principio de justicia, de equidad y de seguridad jurídica; pero, además, las normas jurídicas son el mecanismo imprescindible de funcionamiento del orden de de las cosas, por lo que cuando las cosas no funcionan es porque no se están cumpliendo las normas.

Podemos prolongar dos años lo irremediable o, cancelarlo de raíz y empezar, en este mismo momento, un nuevo proyecto, consensuado, que permita hacer útil y merecedor de la confianza ciudadana, el tiempo que resta de la legislatura.



También teníamos más argumentos preparados "en la recámara", disponible para utilizar en función del desarrollo del debate.
Os lo mostramos a continuación.



Se ha cumplido el ecuador de la legislatura, en el diagnóstico sobre el Ayuntamiento  de todos los grupos, excepto el PP, en la campaña electoral coincidía en la necesidad de cambiar radicalmente la política municipal y la gestión de la corporación. Tras dos años, puede afirmarse rotundamente que las cosas siguen empeorando; y lo reconoce explícitamente Ciudadanos cuando califica de “gobierno zombi” al equipo de gobierno, pero con la paradoja de que son precisamente ellos la fuerza nutricia de esta realidad.

Dos años dan perspectiva sobrada para comprobar que la minoría mayoritaria del PP hace lo que le place, sin cortapisa alguna. Ciudadanos tragó con una Junta de Gobierno Local compuesta exclusivamente por el PP, donde el resto de los grupos son pura comparsa. Es decir, que Ciudadanos corrigió la voluntad popular en las urnas para que siguiera gobernando el PP, no por mayoría absoluta sino en “exclusividad”, y ellos de gregarios de los zombis. Esa es la modernidad del partido del señor Rivera y la forma de anular la democracia municipal. Para esto hemos tenido que esperar 24 años de gobiernos absolutos.
El Pleno municipal, en realidad se ha convertido en una pantomima democrártica, no sirve para controlar la acción de gobierno, para que se traten y discutan los asuntos fundamentales de la ciudad, los que de verdad se llevan los impuestos de la ciudadanía. El Pleno, salvo asunto excepcional, normalmente ya cocinado previamente, lo constituye la dación de cuentas de los Decretos de Alcaldía que resultan ser desconocidos, y seguidamente la presentación una subasta de mociones por los grupos políticos para que sean ellos y no el grupo de gobierno quienes se examinen y se peleen en busca de apoyo por los votos de los otros, y finalmente para nada como reconoce el propio Alcalde. Y, en esto señor Alcalde, tiene toda la razón cuando dice que se aprueban mociones inútiles, como por ejemplo la de realizar análisis de ADN a los escrementos de los perros (sin un banco de datos biológicos previo y sin saber el coste) y resulta que esa moción como tantas otras por el estilo la votó usted señor Alcalde.
Efectivamente, el Pleno es un prácticamente folclórico, la Junta de Gobierno Local con las competencias propias de un gran municipio sin serlo, cuestión evidentemente clara en nuestro caso, se arroga la toma de decisiones en "exclusividad" por el PP cuyos miembros son los únicos con derecho a voto, gracias precisamente a Ciudadanos. Las Comisiones Informativas, sin capacidad decisoria, estudian asuntos mal preparados y peor conocidos, donde el trabajo de los técnicos se desdeña siempre que no estén al servicio de la ocurrencia política del concejal responsable. La calidad democratica de este Ayuntamiento es deplorable.
Pero las mociones verdaderamente trascendentes para el correcto funcionamiento municipal se esconden en un cajón, como el acuerdo para realizar una auditoría de las finanzas y contratos municipales, aprobada hace ya dos años, sin resultado alguno; o la de elaborar un Reglamento Organico, que es el principio esencial de un funcionamiento previsible, organizado, transparente y objetivo. No se llevan acabo porque la desorganización y la descoordinación municipal son la base del funcionamiento arbitrario que ampara cualquier tipo de disparate y de injusticia, la carencia de normas y de rigor en la toma de decisiones nos devuelven a esa realidad primitiva en la que el poder es el poder y los siervos siervos son. Controlada la opinión pública, como vasayos propios, la imagen que se proyecta es la idílica y positiva de unos personajes que se fotografían ante sus propios fracasos políticos, como el desastre de los campos de hierva de Santi Espíritu, pero con el disfraz de ciudadanos ejemplares vestidos para la ocasión. No existe la autocrítica, ni se nos cuenta el precio de la imcompetencia, que pagamos todos los ciudadanos. Los ilustres personajes cobrarán honorables y considerables sueldos a cargo del sistema democratico.
La realidad administrativa es caótica, las licencias de obra se tienen que pedir en un modelo con papel de calco, sin que exista la posibilidad de realizar los trámites por medios telemáticos. Nadie se ha planteado la coordinación de registros informáticos entre las Administraciones Públicas, pese a que la nueva Ley de Procedimiento Administrativo lo imponga con carácter general. Los expedientes administrativos con los que hay que trabajar, especialmente en el caso de 88 Torreones, constituyen un revoltijo repleto de duplicidades sin paginar ni ordenar, con un sistema que impide la reconstrucción de los hechos.
Los intentos de racionalizar la función pública municipal se inauguran, como se ha dicho, con la creación de dos plazas "in péctore" de Secretario General. Tenemos situaciones tan llamativas como que el informático trabaje desde EEUU, o que el arquitecto lo haga dessde Valladolid, sin que nadie, incluido el Alcalde haya sido capaz de explicar una sola de las tareas que realiza; por ello, todo apunta a que se le está pagando el sueldo simplemente por no hacer nada, en una situación insólita e inexpicable salvo por razones inconfesables.
El acuerdo de confeccionar una Relación de Puestos de Trabajo, frustrada durante dos años, sin una verdadera intención de poner orden al estado de inoperancia, que fuese capaz de imprimir rigor y transparencia que solo puede beneficiar al mal hacer y al río revuelto. Y que es saboteada por el equipo de gobierno, pues en el mismo Pleno que se acuerda la adjudicación de su elaboración externa, se transforman todos los puesto de Auxiliares Administrativos (C2) en Administrativos (C1), por la gracia de las presiones diversas y de la inoperancia política, sin informe conocido de su viabilidad económica y abiertamente contrario a las normas que vertebran la promoción profesional reglada.
No tenemos un modelo general de ciudad, lo que hace imposible la previsión, priorización y selección de objetivos, la fijación de un calendario de actuaciones y metas. Tenemos una organización desestructurada y anárquica de primeros del siglo XX, el conformismo, la acomodación y la costumbre más rancia preservan únicamente un continuismo inaceptable, donde prevalece exclusivamente lo que ahora los jovenes llaman "acople"; es decir, un ayuntamiento y una ciudad de "acoplaos" que transijan por todo, que no cuestionen absolutamente nada y que esperen a que les llegue su oportunidad. Evidentemente, los mejores no dudan de que se tiene que marchar de aquí. Ese es el secreto a voces de la decadencia, señor Alcalde.
En el plano económico, estos dos años nos han enseñado que los gastos más importantes se han destinado solucionar problemas anteriores y vigentes, sea el vertedero de La Alamedilla, o la indemnización por la Modificación VI de Naturavila. Las instalaciones deportivas, donde el fracaso es absoluto y estructural. Comenzando por 88 Torreones, donde el Ayuntamiento no sabía que la dotación de mobiliario y material ni era suya, pese a haber recepcionado precisamente un "contrato de suministro", gestionado por la empresa PINES que quebró a los pocos días de conseguir un préstamo de casi 2 millones de euros, con el aval de la concesión. Siguiendo con los campos de hierva artificial de Santi Espíritu, también adjudicados a PINES, que se levantaron de "forma sobrevenida" y cuya reparación también hemos tenido que financiar. Continuando con la piscina cubierta de la Deportiva, que igualmente de "forma sobrevenida"  ha deparado en ruina, sin que nadie lo supiese; aquí además, se decide que hay que derribarla, sin estudiar su posible reparación, sin evaluar costes, aunque el derribo mismo importe más que su restauración. Y finalmente el pabellón de San Antonio, cuya cubierta había sido "reparada", en septiembre de 2016, que se inunda totalmente en la última tormenta y que igualmente hay volver a reparar. Capítulo a parte, cada año, la muralla recibe un millón de euros para su mantenimiento, un gasto del que cuesta trabajo encontrar justificación.
Curiosamente con lo referido a las instalaciones deportivas, nadie sabe que la responsabilidad de los deportes también le competen a la Teniente de Alcalde de Cultura, pese a la proliferación de fotos y posturas de ateneo presentando todo tipo de creaciones artísticas y culturales, no conocemos una opinión de la auténtica responsable política sobre el desastre de los desastres de las instalaciones deportivas.
Tampoco parece conocer, vistas las pasadas fiestas, que la fiesta es el acto de encuentro del común de los vecinos, la celebración de la colectividad sin distinción de categorías sociales. Ahora, la fiesta ha sido despojada del centro físico de la ciudad -que cada vez es más "vacio"- se ha fragmentado y dividido, reservando a cada quien su espacio: bebedores a las casetas, melómanos a los conciertos, taurinos a las compresas.
La cultura no se basa en presentar actos a destajo y que te hagan la foto, consiste esencialmente en comprender y entender que una sociedad tiene una ligazón común que la identifica por que lleva mucho tiempo sujetando la hurdimbre de la convivencia.Nuestras pasadas fiestas de verano han carecido de partida de un pregón y el resto ha venido por añadidura. ¡Felicidades, señora Teniente de Alcalde, por no haber entendido el reto! Ya está sobradamente preparada para aspirar a la alcaldía.
Ésta es, y nunca debería ser así, la crónica de una ciudad baldía, de la postración y de la decadencia inevitable. La preocupación esencial de los actores políticos es no perder nada y mantener el personal estatus: seguir "acoplaos".


22 julio, 2017

ESCRITO DEL GRUPO MUNICIPAL TRATO CIUDADANO DIRIGIDO AL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
















SR. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA.
D. JESÚS CALDERA CAPITÁN


Ávila, 18 de julio de 2017.






El Pleno Municipal, del pasado día 30 de junio de 2017, abordó una Moción de Trato Ciudadano por la se “exige a la Junta de Gobierno Local la revisión de la licencia de Uso Común especial para terraza fija”, relativa al establecimiento mercantil denominado Maspalomas.

En un momento del citado Pleno, el concejal y portavoz del grupo político Ciudadanos, demanda un informe del señor Secretario, en los términos siguientes: “Me gustaría saber en este caso si está el informe que se pide para este Pleno y como mínimo, me gustaría que por parte del señor Secretario General nos aclare si el Pleno del Ayuntamiento es competente para exigir esto a la Junta de Gobierno Local”.

La Moción de Trato Ciudadano cuestionaba la invasión de competencias del Pleno por la Junta de Gobierno Local (JGL, en adelante) por la posible modificación de la naturaleza jurídica de un bien municipal, y exclusivamente planteaba al Pleno el ”exigir la revisión de la licencia de Uso Común especial para terraza fija”, a la JGL, justificando motivadamente que solicitar la revisión de una licencia es un derecho que ampara a cualquier ciudadano, por lo que evidentemente no le puede ser negada al propio Pleno municipal. En todo el texto de la moción no aparecen en lugar alguno los conceptos de “revocación o nulidad”, que son esgrimidos por el Secretario en su “informe in voce” ante el Pleno. Es decir, prescindiendo total y absolutamente del texto escrito que, en el preámbulo de la presentación, tanto el propio Alcalde, como el Secretario General, acababan de leer que se trataba de la “revisión” de un acuerdo de la JGL y de la posible invasión de competencias del Pleno.

Nada se dice, el informe “in voce”, de la posible invasión de competencias del Pleno por la JGL conforme estaba planteado, prescindiendo absolutamente de ello en la argumentación, pese a ser requerido al efecto. Pero mina extremadamente toda veracidad el hecho de que el Secretario prescinda del texto por él mismo leído, para fijar la posición legal en términos de si el Pleno puede o no “revocar” una decisión de la JGL. Las palabras exactas del Secretario General son las siguientes (vídeo oficial, 1:16:17), a requerimiento del portavoz de Ciudadanos:

No cabe en el ordenamiento jurídico actual el que el Pleno revoque ese acuerdo o lo anule. Si cabe, que por los procedimientos habituales el propio órgano que tomó el acuerdo considere que ese acuerdo es nulo de pleno derecho o anulable y comience un procedimiento de nulidad o de anulación del mismo, pero solamente en ese caso. Es decir, el órgano competente para el ejercicio de esa atribución que legalmente tiene conferida; por lo tanto, el Pleno no puede anular un acuerdo de la JGL, ni la Junta de Gobierno puede anular un acuerdo del Pleno, sería incongruente plenamente al sistema básico de de funcionamiento de las entidades locales.”

El Secretario expresamente refiere un razonamiento legal que carece de toda base real, simplemente, la Moción de Trato Ciudadano en absoluto pretende la “revocación y nulidad” de acuerdo alguno de la JGL, exactamente “exige la revisión”; y ese dato esencial de la realidad ha sido reconocido en sus mismas palabras por el Secretario General en la presentación de la Moción. ¿Ha perdido el Secretario General en instantes la noción de realidad?, ¿se le ha olvidado la diferencia legal entre “revisión” y “revocación y nulidad”?

Cuando el Secretario General afianzaba hace tiempo y presto a tomar posesión, en algún medio de comunicación, la convicción ética de regresar a su puesto de funcionario público al margen de otros intereses, con el aval de haber sido diputado, portavoz parlamentario y ministro, todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Ávila excepto Trato Ciudadano acordaron depararle un “placentero retiro”, mediante la fórmula “dolce far niente”.

¿Cómo se diseñó el mecanismo de la “dolce far niente”?, de una forma extremadamente sencilla. Todos los grupos políticos -excepto Trato Ciudadano- convinieron con un texto, redactado por el entonces Secretario General y hoy Oficial Mayor, conforme al que “todas” las atribuciones legales del Secretario General se delegaban en el Oficial Mayor. Simplemente, el Secretario bien podía no hacer nada puesto que el Oficial Mayor se ocuparía de ello. Más allá de la desconfianza política, se trataba de imponer un sistema en el que el entonces Secretario se consolidaba como el “factótum político” esencial del Ayuntamiento, conforme venía ejerciendo. Tal medida supone que, tanto el Secretario General como el Oficial Mayor, perciben la misma retribución, … al céntimo (teniendo en cuenta que el Oficial Mayor tiene consolidado el nivel 30), lo que en coste supone en torno, o más, de 200.000 euros para las arcas municipales. Un Ayuntamiento con dos Secretario Generales, de facto y con idénticas retribuciones, es evidentemente un engaño a todo principio de racionalidad administrativa y describe objetivamente el “hecho diferencial” que en sí mismo da naturaleza al Ayuntamiento de Ávila

Esta explicación, en nada superflua, indica que el Secretario General del Ayuntamiento de Ávila bien puede dedicarle una mínima atención a los asuntos que se ventilan en el Pleno, aunque simplemente consistan en leérselos y entenderlos; es decir, conocer, analizar, estudiar, ponderar y establecer parámetros interpretativos, calibrar sus funciones esenciales de fe pública y de asesoramiento legal preceptivo, al margen de las frivolidades que le encauzan exclusivamente a sus abultadas retribuciones. Es decir, que goza el Secretario General de unas condiciones profesionales nada agobiantes, que en nada pueden justificar su desconocimiento, al margen de que si necesita un reciclaje profesional es evidente que ello le va en el sueldo.

Inevitablemente, es imposible comprender cómo un alto y cualificado funcionario puede confundir y tergiversar conceptos jurídicos esenciales, tan diáfanos como “revisión” y “revocación y nulidad”, máxime, cuando además acaba de leer el texto sobre el que se pronuncia. Debemos descartar que se trate de un acto de “malicia”, que depararía efectos mucho más graves. Pero se trata de un hecho en el que las funciones esenciales del Secretario General, de “fe pública” y de “asesoramiento legal preceptivo”, resultan esencialmente dañados. Hay dos formas de manipular la democracia y el derecho, una es falseando y modificando la realidad de las cosas y la otra mediante la aplicación fraudulenta de las normas jurídicas. Y en este caso han dado las dos a un tiempo.

El orden público del foro le atribuye al Secretario General del Ayuntamiento un papel de imparcialidad inviolable, que se sustenta en los principios de “fe pública” y de “asesoramiento legal preceptivo”. El primero le obliga a constatar la realidad de las cosas objetivamente, tal cual son y conforme suceden, y el segundo le obliga a confrontar esa misma realidad con la racionalidad de las normas jurídicas, que son un predicamento insobornable del Estado de Derecho.

Es el Estado de Derecho el que hace dueño a toda la ciudadanía del ordenamiento jurídico, que singularmente a nadie pertenece, y precisamente es él quien nos protege de que nadie pueda modificar la realidad de las cosas engañándonos con que lo que vemos no son molinos sino gigantes. La artera manipulación de la realidad es uno de los actos más viles e inaceptables en el ser humano, ya que mina toda posibilidad de confianza y de entendimiento.

Trato Ciudadano, que es la expresión democrática de la soberanía ciudadana a la que representa en el Ayuntamiento de Ávila, se considera vejado por el Secretario General del Ayuntamiento, respecto a su posición política en el Pleno, al confundir, alterar y modificar la realidad de las cosas contenida por escrito fehaciente y conocido, y dictar informe “in voce” en el acto solemne de un Pleno municipal contrario a la realidad de la Moción que era debatida. Independientemente de las consecuencias jurídicas. Se insta, al Secretario General del Ayuntamiento de Ávila, a pedir las disculpas pertinentes por la falta de diligencia, atención y estudio a la Moción presentada por Trato Ciudadano, considerando que el Pleno es el máximo órgano de la soberanía municipal y la expresión de su voluntad; es un hecho debido por el cargo que ocupa, pero en mayor medida por su propia coherencia y dignidad personal.




Grupo Municipal de Trato Ciudadano en el Ayuntamiento de Ávila.        

Alba Moreno Tejedor              Milagros Martín San Román          Rubén Arroyo Nogal

20 julio, 2017

MOCIÓN DE TRATO CIUDADANO PARA EL PLENO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Grupo Provincial
                                                                                                                                             
                                                                



                                         Diputación de Ávila






AL PLENO DEL 24 DE JULIO DE 2017

Don Rubén Arroyo Nogal como Portavoz del Grupo Provincial Trato Ciudadano en la Diputación Provincial de Ávila según lo dispuesto en el art. 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, presenta ante este Pleno Corporativo, para su inclusión en el orden del día, la siguiente PROPOSICIÓN a fin de que sea debatida y sometida a votación por el Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Simplemente con decir “Sierra de Gredos”, la inmensa mayoría de los habitantes de nuestra provincia identifican y “se identifican” rápidamente con este espacio geográfico del sur de Ávila. A pesar de que compartimos gustosamente la Sierra con nuestros vecinos madrileños, toledanos, cacereños y salmantinos, para los abulenses Gredos no sólo es una montaña, sino que es La Montaña y sobre todo Nuestra Montaña.
No vamos a hacer en esta exposición de motivos un exhaustivo relato de los numerosos valores tanto naturales como culturales e históricos que atesora la Sierra de Gredos, puesto que son ya de sobra conocidos y han sido objeto de innumerables trabajos científicos y de divulgación. Pero sí queremos recordar la importante relación ancestral que han tenido los pobladores de nuestra provincia con este territorio serrano, tanto desde el punto de vista social como económico y cultural y que ha sido clave para el devenir no sólo de los moradores de dicho entorno, sino también para el resto de los habitantes de la provincia.
Desgraciadamente, esta relación de los abulenses con Gredos también ha tenido (y sigue teniendo) momentos en los que todos estos valores de los que nos sentimos tan orgullosos se han visto amenazados por la especulación y la mala gestión de los recursos,  ello a pesar de que desde hace años se han emitido diferentes normativas de protección sobre la Sierra de Gredos y sus componentes.
Alguna de estas normas legales no han conseguido el desarrollo normativo que ellas mismas tienen previsto en su contenido, lo que impide que el Parque Regional de la Sierra de Gredos alcance el nivel de protección, gestión y ordenación que debería y por tanto que continúe sometido a la amenaza de su destrucción. La más importante de ellas es sin duda la elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) que le corresponde como Parque Regional incluido en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León y que debería haber sido elaborado por la autoridad autonómica hace muchos años, concretamente 20, ya que en la Ley 3/1996, de 20 de junio, de declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos (BOCyL 28-6-96) se establecía un plazo de un año para la aprobación de dicho PRUG.
La propia Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, en su artículo 70, punto 1 establece que los PRUG son los instrumentos de planificación y gestión de los Parques Regionales y desde Trato Ciudadano consideramos que un espacio natural tan importante y relevante para la provincia con es la Sierra de Gredos no puede continuar sin las medidas legales necesarias para garantizar su adecuada conservación y pervivencia en el tiempo.

Por lo expuesto, el Grupo Provincial Trato Ciudadano presenta al Pleno esta PROPOSICIÓN para que se considere y se someta a votación el siguiente

ACUERDO.

1      Solicitar a la Junta de Castilla y León que en el ámbito de sus competencias, en el menor tiempo que sea posible, proceda a la elaboración y aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos.




En Ávila, a 20 de julio de 2017.





Rubén Arroyo Nogal
Portavoz del Grupo Provincial de Trato Ciudadano



29 junio, 2017

MOCIÓN DE TRATO CIUDADANO PARA EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO de 30 de junio 2017


                                                                           Grupo Municipal
             
                                                                                                                                
                                                                                     Ayuntamiento de Ávila            








AL PLENO DEL 30 DE JUNIO DE 2017





Doña Alba Moreno Tejedor como Portavoz del Grupo Municipal Trato Ciudadano en el Ayuntamiento de Ávila según lo dispuesto en el  art. 22.2.k) de la Ley de Bases de Régimen Local (relativo a las competencias del Pleno en materia de “alteración jurídica de los bienes de dominio público”), y el  art. 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, presenta ante este Pleno Corporativo, para su inclusión en el orden del día, la siguiente PROPOSICIÓN a fin de que sea debatida y sometida a votación por el Pleno.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En estos días se está llevando a cabo la construcción de una terraza cubierta en el Jardín del Recreo que a todas luces causa alarma social no solo por la discutible ubicación del edificio, en pleno espacio de “parques y jardines de dominio público”, respecto al trazado de sus paseos y arbolado, en confrontación al Planeamiento municipal y a las ordenanzas de terrazas, impidiendo el uso del espacio público por los ciudadanos, sino además por las condiciones de solidez de la instalación, el carácter permanente (diez años) y el procedimiento por el que se ha llegado a la autorización, mediante licencia de uso especial, para que un bien de dominio público sea de uso privativo, exclusivo y excluyente, sin el preceptivo procedimiento legal habilitante de una concesión administrativa, lo que de forma flagrante y escandalosa resulta contrario al ordenamiento jurídico.

La presente moción se sustenta en las competencias irrenunciables de Pleno, toda vez que, el Art. 2.2.k) de la Ley de Bases de Régimen Local establece que le corresponde la competencia en materia de “alteración jurídica de los bienes de dominio público”. Pues, a resultas del asunto en cuestión, el espacio de la concesión pasaría de ser de “uso común especial” a ser de “uso privativo”, conforme a las leyes y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por tanto, y siendo las competencias del Pleno irrenunciables, es una obligación jurídica el que sea sometido y debatido por el órgano que legalmente goza de competencia exclusiva.

No le puede impedir ningún óbice al Pleno del Ayuntamiento y está obligado a afrontarlo, en el ejercicio de sus competencias, abordar las cuestiones que, desde un plano de legitimación, le corresponde a cualquier ciudadano, conforme especifica el art. 10 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 22/2004, para la “acción pública”, lo observado en la normativa urbanística y en particular lo relativo a las determinaciones de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística vigentes. Es más, le corresponden inequívocamente al Municipio las competencias de protección de la legalidad señaladas en el artículo anterior, dentro de su término municipal (Art 336,  Decreto 22/2004). Lo que quiere decir que el Pleno no puede esquivar una cuestión de orden general que afecta, primero a la propia naturaleza de los bienes de propiedad municipal y además al ejercicio de las funciones públicas.

Evidentemente, el Pleno debe gozar al menos de los mismos derechos que asisten al común de los ciudadanos, por lo que la exigencia de “revisión de las licencias”, que establece el Art 361 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y león (Decreto 22/2004), debe ser de aplicación a las competencias del Pleno del Ayuntamiento de Ávila, respecto a los concejales integrantes del mismo. Normativa que permite impulsar la “revisión de oficio” (Art 361.5), no solo sobre el contenido de las licencias urbanísticas sino sobre su ejecución final.

El fondo del asunto es perfectamente identificable, ya que se tramita un permiso de licencia para una “terraza fija”, que se acogería al “uso común especial” del espacio público, para convertirlo en un “uso privativo”, con garantía de permanencia durante 10 años. Evidentemente, se trata de realidades jurídicas bien diferentes, por cuanto la “apariencia de legalidad” se ampara en una simple ordenanza de terrazas, pero termina siendo una “concesión de servicio público”, por 10 años · Es decir, que se esquina la ley vigente y aplicable del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para aplicar la Ordenanza de Terrazas, que igualmente se viola flagrantemente, para otorgar una concesión de dominio público, durante 10 años; es decir, con “vocación de permanencia” y frente a la propia doctrina del Tribunal Supremo. No se trataría solo de un evidente fraude de ley, sino de una modificación de la naturaleza jurídica de un bien municipal que está excluida de la competencias de la Junta de Gobierno Local y del propio Alcalde, conforme al Art. 2.2.k) de la Ley de Bases de Régimen Local.

Por todo ello, al amparo de la legislación vigente, constituye un problema esencial de la gestión municipal la prosecución de la autorización al establecimiento “Maspalomas”, conforme a la autorización inicial, al transcurso del expediente y al resultado de la obra concesional que resulta perfectamente identificable.

Una cosa es la Ordenanza de Terrazas que regula, mediante licencia para el uso especial, la mera tolerancia en la vía pública de una terraza desmontable y temporal sin utilización de una obra especial para su fijación, que puede ser revocada unilateralmente por el Ayuntamiento en cualquier momento sin derecho a indemnización, y otra muy distinta es la autorización de un uso privativo por concesión administrativa – artículos 75,77 y 78 del Reglamento de Bienes de las Entidades  (RCL 1956/75 y NDL 2816) donde la doctrina del Tribunal Supremo diferencia uno y otro supuesto de uso, dependiendo de las circunstancias que concurren en cada caso, y entre ellas la de solidez o falta de solidez de las instalaciones y de la vocación de permanencia de las mismas.

Nuestro grupo atiende primordialmente el interés general municipal, pero tampoco puede ser ajeno al grave problema económico que se le va a suscitar al promotor de esa licencia municipal, evidentemente avocada a la ruina en los Tribunales. Compete al Ayuntamiento pensar alguna vez en los perjuicios que pueden ser evitables.

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Trato Ciudadano presenta al Pleno esta PROPOSICIÓN para que se considere y se someta a votación para el siguiente

ACUERDO:

El Pleno del Ayuntamiento de Ávila exige a la Junta de Gobierno Local la revisión de la licencia de Uso Común especial para terraza fija, autorizada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de mayo de 2015, la revisión de la licencia de obras del Proyecto de Ejecución de Instalación de Terraza Fija Cerrada de fecha 16 de junio de 2015, y la revisión de la licencia de obras al Modificado de Proyecto de Ejecución de Terraza, decretada el 14 de junio de 2016.
Cuestionando, igualmente, a la Junta de Gobierno Local, su capacidad jurídica para modificar  la naturaleza jurídica de un bien municipal, en beneficio de un tercero y sin contar con las competencias del Pleno.
 El Pleno requiere, al efecto, un informe jurídico pormenorizado del Secretario General del Ayuntamiento de Ávila, que aborde el conjunto de cuestiones planteadas en esta moción.


En Ávila, 23 de junio de 2017






Alba Moreno Tejedor

                                   Portavoz del Grupo Municipal de Trato Ciudadano