27 marzo, 2017

ALTERNATIVA DE TRATO CIUDADANO A LA DEMOLICIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA ZONA SUR

Adjuntamos la posición del Grupo Municipal de Trato Ciudadano en el Ayuntamiento de Ávila en relación al controvertido tema de la Piscina cubierta Sur.
La instalación se encuentra cerrada al público desde el 8 de septiembre pasado, por acuerdo de Junta de Gobierno Local.
Ante la propuesta firme del Equipo de Gobierno de un costoso derribo de la piscina existente y la construcción de una futura nueva piscina para la que no existe asignación presupuestaria, Trato Ciudadano propone la reparación de la piscina existente y la apertura al público lo antes posible con un presupuesto equivalente al derribo y la planificación racional y sostenible de una nueva instalación al servicio de la ciudad.





PROPUESTA ALTERNATIVA A LA DEMOLICIÓN
DE LA PISCINA CUBIERTA SUR EN ÁVILA



A.-Datos de partida del informe técnico municipal de 14 de marzo de 2017.

Superficie construida:    1043.64 m2
-Valor de Reposición (Lo que costaría hacer hoy un edificio similar):     1.795.178,70 €
-Valor actual del edificio:                                                                          1.166.866,10 €
-Valoración total de los daños de la edificación y coste de reparación:   1.155.829,39 €
-Valoración de las obras de urgencia de demolición y consolidación
de la edificación existente para garantizar la seguridad pública:                 583.239,95€


B.- Observaciones al informe técnico de 14 de marzo de 2017:

1.- La determinación del valor de reposición del edificio resulta muy inferior a la realidad.
En contraste con precios recientes de construcciones similares como el edificio 88 Torreones, se arrojaría un valor de reposición de 2.451.665,71 €.
En contraste con la propia valoración previa para la nueva piscina, del informe de 29 de nov. de 2016, supondría un valor de reposición de 2.481.613,73.

2.- En base a un cálculo más real del valor de reposición, resultaría que NO PROCEDE LA DECLARACIÓN DE RUINA DEL INMUEBLE y menos procede, por tanto, la demolición, al ser el coste de las obras necesarias para mantener o reponer las condiciones adecuadas de seguridad y salubridad de 1.155.829,39 € (fijados por la Oficina Técnica) inferior al50 % del valor del inmueble (1.225.832.80€ en base a los 88 torreones y 1.240.806.80€ en relación a la valoración previa de la piscina nueva).

3.- Otras consideraciones a mayor abundancia:

3.1.-En cualquier caso, la declaración de ruina tampoco obliga necesariamente a la demolición, siendo posible en todo caso la alternativa de reparación de los edificios.

3.2.-En este caso concreto, al tratarse de un edificio completo en origen y en configuración constructiva, para la determinación de los valores de reposición cabría considerar el edificio completo con las demás dependencias anejas. En todo caso estaríamos hablando de la ruina parcial de un edificio completo.

4.- La valoración total de los daños de la edificación y coste de reparación en 1.155.829,39€ del informe técnico, incluye la renovación de partidas de obra que se encontraban en suficiente buen estado de funcionamiento antes del cierre de la instalación, por lo que:

4.1.- Si nos atenemos a la estricta reparación de los daños sobrevenidos que motivaron el cierre, se reduciría el coste a una nueva valoración de 382.224,04€.

4.2.- Si,además de la reparación delos daños sobrevenidos, aprovechando el estado de obras, queremos mejorar los aspectos más deficientes del conjunto de la instalación, alcanzaríamos una valoración de 575.747,19€.

C.- Conclusiones:

A partir de los datos facilitados por el Informe técnico de 14 de marzo se deduce lo siguiente:

1.- Obras mínimas: La Piscina Cubierta Sur puede entrar en funcionamiento en un breve espacio de tiempo y en condiciones similares a las que tenía antes del cierre, mediante obras porun importe de382.224,04€.

2.- Obras mínimas y de mejora: La piscina cubierta Sur puede entrar en funcionamiento en un breve espacio de tiempo y alcanzar un grado de servicio en condiciones considerablemente mejores que antes de su cierre, mediante obras por un importe de 575.747,19€.

3.-Obras optimas: La piscina cubierta Sur puede entrar en funcionamiento en un razonable espacio de tiempo y alcanzar un grado de servicio óptimo, mediante obras por un importe de 1.155.829,39 €.

4.- Considerando que en las obras de reparación no es necesaria la demolición del edificio, presupuestada en 583.239.39€, resulta que las obras imprescindibles quedarían cubiertas dentro de ese presupuesto y en el caso de optar por completar la totalidad de las obras para alcanzar un estado óptimo, estas obras solo supondrían un incremento de 572.589,40€de acuerdo con la valoración del propio Informe técnico. Siendo posible la fragmentación de la obra en función de la disponibilidad presupuestaria.

5.- Las obras de construcción de una nueva piscina estimadas en el informe técnico alcanzan 4.434.174,60€ y llevan consigo el gasto fijo de demolición valorada en 583.239,95€, además la demolición lleva implícita la pérdida de un inmueble valorado en 1.166.866,10€  lo que supondría:

-Una coste total de 6.184.280,85€
-Precipitación y urgencia en busca de una nueva solución
-Mínimo 3 años con una única piscina municipal en uso.
-Necesidad de reubicar adecuadamente el nuevo lugar de acuerdo con las necesidades de toda la ciudad y el plan director de instalaciones deportivas.


Conclusión final: Propuesta de Reparación: En consecuencia, proponemos que, de manera consensuada por todos los grupos, se sustancien los siguientes acuerdos:

1.-  Pliego de condiciones para Concurso de proyecto y obra de reparación de los daños sobrevenidos en la Piscina Sur y su reapertura en 2017, por la cuantía disponible por el Ayuntamiento.

2.-  Bases para el Concurso de Ideas de las nuevas instalaciones prioritarias para la ciudad de Ávila en función de la dinámica presupuestaria. 

Ávila, 20 de marzo de 2019



Grupo Municipal Trato Ciudadano




Nota: Se adjuntan hojas de cálculo detalladas:
-Presupuesto comparativo de reparación.
-Determinación del Valor de reposición. 
-Cuadro resumen                             


Presupuesto Comparativo
Valor de reposición
Cuadro resúmen

26 marzo, 2017

ALEGACIONES DE TRATO CIUDADANO A LA MINA EN LA SIERRA DE YEMAS


P. I 1146 Riofrío.

AL DELEGADO TERRITORIAL
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN ÁVILA.

D. Rubén Arroyo Nogal, como portavoz del grupo provincial Trato Ciudadano en la Excma. Diputación Provincial de Ávila y con domicilio a efecto de notificaciones en Plaza de Pedro Dávila, 8 oficina 8 de Ávila, código postal 05001, por medio del presente escrito venimos a formular, en tiempo y forma, la siguientes

ALEGACIONES.

PRIMERA.- La coalición Trato Ciudadano con representación en la Excma. Diputación Provincial de Ávila está legitimada para intervenir en las cuestiones que afecten a la vida de los habitantes de los municipios abulenses, conforme a la función constitucional de partidos e instituciones públicas. Esto se manifiesta a los efectos de legitimación y parte interesada en este expediente de suerte que cualquier acto, acuerdo o resolución que se dicte en el mismo deba ser notificada a esta organización, igualmente la aportación de documentación, escritos o similares que el promotor realice al expediente.

SEGUNDA.- El expediente minero que pretende extraer material de la Sierra de las Yemas se une a otros dos proyectos, a saber: Leito 1122 que afecta a la Sierra de Ávila y Sonsoles 1138 que incluye la comarca abulense del Valle del Corneja – Piedrahita. A esto se suma un tercer elemento: la proyectada Autovía Ávila – Maqueda que en la actualidad también está en fase de información pública.

Pues bien, estos cuatro planes o proyectos deben ser valorados y tomados en consideración de una manera conjunta, realizando una Evaluación Estratégica o elaborando unas directrices territoriales que determinen los usos y aprovechamientos que queremos realizar de nuestros recursos naturales y como su extracción impide otras actividades: ganadería, turismo, etc.
En definitiva, pedimos una valoración conjunta, a nivel de estrategia, de los planes y proyectos.

TERCERA.- La propuesta minera tiene una amplia extensión, incluidos varios núcleos de población: Cabañas, Sotalbo, Gemuño, siendo obligatorio el sometimiento de la misma a Evaluación de Impacto Ambiental, extremo que no se ha realizado.

Igualmente la Junta promueve un desarrollo minero olvidando que hay otros usos y actividades del territorio que se verán afectados, en muchos casos desparecen las formas tradicionales de manejo del territorio por ganaderos, a las que se unen otras más actuales: turismo y ligadas a éstas una pequeña trama de servicios: panaderías, bares, restaurantes, que mantienen vivos los municipios y a los que la política minera de la Junta obliga a abandonar sus proyectos vitales, marchando o emigrando a otros lugares.

CUARTA.- Además la Junta no sólo hace dejación de sus funciones en materia de agricultura, turismo, garantizando a quienes las realizan en esas localidades la viabilidad de su negocio/actividad; es que se extralimita, supera lo establecido en el Estatuto de Autonomía al decidir sobre, entre otras cosas, el agua: su gestión y uso, por cuanto que la Junta de Castilla y León NO tiene competencias en materia de aguas.

Respecto de las materias con competencias hace una dejación y prioriza la minería frente a otras actividades que resulta son las que están manteniendo vitales los territorios rurales de nuestra provincia: ganadería y turismo son claves para el sostenimiento de nuestros pueblos.

QUINTA.- En el expediente destaca la ausencia de aval o garantía a la empresa minera que asegure el cumplimiento de los planes de restauración, expropiaciones y demás actuaciones que sean responsabilidad del promotor. Desconocemos las causas o razones que impiden tal exigencia, si bien entendemos que los cargos de la Junta de Castilla y León actuarán ajustándose a derecho, de un modo imparcial y defendiendo los intereses generales de los ciudadanos, puesto que nuestro ordenamiento jurídico tiene instrumentos para apartar a quienes en el ejercicio de funciones públicas no obran de forma recta, sino guiados por intereses personales o familiares y en tal sentido la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de Castilla y León, básicamente en su artículo 8, recoge los conflictos de intereses.

Y, por todo lo expuesto

SOLICITO, tenga por presentado este escrito, admitirlo, tener por parte interesada al grupo de Grupo Provincial de Trato Ciudadano y se acuerde DENEGAR el P.I 1146 Riofrío.
Es Justicia.

En Ávila a 23 de marzo de 2017


Rubén Arroyo Nogal
Portavoz Grupo Provincial Trato Ciudadano





DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON EN ÁVILA
Pasaje de Cister, Nº1  05001 Ávila

Dña. Alba Mª Moreno Tejedor como Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Trato Ciudadano en el Ayuntamiento de Ávila y con domicilio en Pza de Pedro Dávila, 8 oficina 8  de Ávila  y código postal 05001, lo que se expresa a efectos de comunicaciones, presenta las siguientes ALEGACIONES al expediente de referencia RIOFRIO nº 1146, cuyos proyectos de investigación y restauración está en período de información pública:

Primera.- Se observa la inexistencia de informe suficientemente exhaustivo de la Consejería de Medio Ambiente. Teniendo en cuenta el alto valor ecológico de la zona donde se prevé realizar las labores de investigación, calicatas y extracción de minerales, es obvio la necesidad y obligación de que dicha consejería estudie y emita informe al respecto con un análisis suficientemente amplio. De hecho en la prueba de proceso industrial, en el informe actual de Medio Ambiente entienden que se trata de muestras tipo jabre, cuando el PI indica claramente que se tratará de extracción de minerales hasta unas 400/500 Tn.

Segunda.- El permiso de investigación (PI), como consta en el mismo, es sobre una zona de 53 cuadrículas mineras. Dentro de esa zona existen al menos 11 arroyos, y un río, el río Fortes, cuyas aguas riegan las zonas aledañas, amén de abastecer a la población y ganadería vecinas. Sin embargo, y a pesar de su innegable importancia, no existe en el proyecto de investigación medida alguna que mitigue y proteja dichas aguas superficiales de la contaminación atmosférica resultante de las calicatas a definir y extracción de minerales ya definidas en el proyecto en las cuadrículas 42 y 49. Tampoco existe medida alguna de protección de posibles contaminaciones en aguas subterráneas producto de los trabajos de investigación.
En este sentido, entiendo que es obligatorio dar cuenta de los presentes permiso de investigación y restauración a la Confederación Hidrográfica del Duero, parte interesada, y que debiera emitir informe al respecto.

Tercera.- En el permiso se contemplan 20 calicatas de las que se extraerían muestras de 100 kg cada una, lo que en volumen según el proyecto de restauración supondría 0,035 metros cúbicos. También se contempla la extracción de 400/500 toneladas de las cuadrículas 42 y 49, lo que en volumen supondría 175 metros cúbicos, o lo que es lo mismo, entre 30 y 60 camiones completos según su capacidad. Parece obvio que excede con mucho lo que podría considerarse la extracción de muestras para proceder a su investigación, sino que se parece más a una explotación minera de tipo C). Añadir que el punto donde se pretende realizar dicha extracción de 400/500 toneladas es claramente visible desde la carretera AV-P-412 la cual dista apenas a unos 100 metros. Y esta a menos de 1 km de un casco urbano y de una explotación ganadera.

Cuarta.- Respecto al Plan Restauración en relación al punto de extracción de 400/500 toneladas no se prevé restauración alguna aduciendo que ya es un terreno degradado. Es decir, que una vez descubierta una cantera sin permiso alguno de extracción, en vez de que esta autoridad competente tome cartas en el asunto, permite que se ahonde en la degradación de dicho entorno por este proyecto y no se tome medida alguna de restauración.

Quinta.- No existe en el proyecto ningún Estudio de Impacto Ambiental. Según la Ley 21/2013, en su Anexo I, Título II, sección 1ª,  grupo 2 de Industria Extractiva, se exige dicho estudio, entre otros, en los apartados a.1 con superficie de terreno afectado mayor de 25 hectáreas (el presente ocuparía un área de 1.590), y A.5 Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales o comarcales como es el presente caso.

Sexta.- Se solicita permiso de investigación para 53 cuadrículas mineras, y sin embargo en el propio permiso no se indica la ubicación de las catas, calicatas o zanja a excepción de la que se realiza en de las cuadrículas 42 y 49, por lo que las personas o entidades afectadas no están, ni estarán informadas.

Séptima.- Se solicita permiso de investigación para 53 cuadrículas mineras, y sin embargo en el propio proyecto se reconocen como candidatas a investigar en dos fases, una sobre 10 cuadrículas y otra sobre 19 cuadrículas, lo que resultaría un total de 29 cuadrículas mineras y no de 53 como se solicita. Parece evidente que la intención de la empresa solicitante es más la acumulación abusiva de derechos de cara a una futura explotación que el interés propiamente dicho de investigación

Por todo ello Solicito:
Se me considere persona interesada en este expediente, en base al artículo 4 del RD 39/2015 al amparo del artículo 45 apartado 1 de la Constitución Española, y se me tenga en cuenta para notificaciones en lo referente a cuántos cambios se produzcan en el expediente.
Se reconsidere la admisión emitida por esta autoridad competente y se proceda a la DENEGACIÓN de este permiso de investigación dando por cerrado este expediente.

En Ávila, a 24 de marzo de 2017



Fdo. Alba Moreno Tejedor


MOCIÓN DE TRATO CIUDADANO PARA EL PLENO DE DIPUTACIÓN

Grupo Provincial
                                                                                                                


                             
                        Diputación de Ávila




AL PLENO DEL 27 DE MARZO DE 2017


Don Rubén Arroyo Nogal como Portavoz del Grupo Provincial Trato Ciudadano en la Diputación de Ávila según lo dispuesto en el art. 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, presenta ante este Pleno Corporativo, para su inclusión en el orden del día, la siguiente PROPOSICIÓN a fin de que sea debatida y sometida a votación por el Pleno.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestra sociedad vive conectada a Internet, a través de ordenadores personales, a través de la televisión o a través de dispositivos portátiles (smartphones, tablets, etc.). Una gran parte de nuestros conciudadanos utiliza Internet para muchas actividades diarias y la tendencia en el futuro cercano es que ese uso se incremente exponencialmente en todos los sectores de la población.

Hablar hoy en día de Internet es hablar de ocio, de información, de educación, de interrelaciones personales y laborales. Internet ya es algo más que un fenómeno vinculado a la comunicación.

Pensar en un futuro, e incluso en un presente, sin Internet, o tecnología similar que lo sustituya, parece una utopía y es que en la forma de vida de las sociedades modernas no parece que se pueda prescindir de una herramienta tan potente para facilitarnos el día a día.

En la actualidad, por ejemplo, se calcula que el 80% de los españoles tiene un Smartphone. Porcentaje que en aumento con la mejora vertiginosa de los servicios que ofrecen las nuevas tecnologías.

Gracias a Internet podemos conocer las realidades del más recóndito lugar del planeta, que nos conozcan a nosotros, trabajar sin salir de casa, pedir una cita médica, alquilar una vivienda, buscar trabajo y hasta pagar cualquier gasto que realicemos.

Internet bien usado es, sin duda, una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad y, por ende, para el presente y futuro de nuestros municipios.

Sin embargo, y a pesar de todo lo expuesto, nos encontramos con que numerosísimos municipios de nuestra provincia, viven ajenos a esta realidad porque las compañías telefónicas han privado de la banda ancha a gran parte del medio rural. Y no solo de banda ancha pues en muchos municipios siguen sin una conexión digna y suficiente.

Según la Agenda Digital Europea, en el año 2020 el 100% de la población debe tener un acceso a Internet de al menos 30 Mbps.

En el año 2011 el Gobierno del PSOE licitó el llamado dividendo digital. Entonces las frecuencias de la banda de 800 Megahercios (MHz) que usaba la TDT fueron adquiridas por los tres operadores más grandes del país para ofrecer servicios de 4G. A cambio se comprometieron a dar una cobertura real de banda ancha en el medio rural.

Si bien queda tiempo para cumplir el objetivo en 2020, la realidad dista mucho del objetivo. En muchos municipios no existe la posibilidad ni de acceder a Internet con una conexión básica lo que hace sospechar que el acuerdo de la Agenda Digital Europea es prácticamente incumplible.

Mientras ese horizonte se ve lejano, el Estado avanza a otra velocidad legislando como si el objetivo estuviera cumplido e implantando la administración electrónica obligatoria para todas las entidades locales. Curioso es cuando muchas entidades locales no tienen un acceso suficiente y necesario a la Red de Redes, apenas pueden disfrutar de 2 Mb de descarga.

Oímos como a nuestros políticos europeos, nacionales y regionales se les llena la boca cuando hablan de poner freno a la despoblación rural, sin embargo, a la gran mayoría del medio rural se le sigue privando de elementos fundamentales y necesarios para el desarrollo de nuestros municipios: como la conexión a Internet.

Lo cierto es que esos discursos oficiales, cada día, carecen de credibilidad cuando Internet podría estar siendo ya un elemento fundamental para el establecimiento de emprendedores y/o trabajadores urbanos en nuestros pueblos a través, por ejemplo, del teletrabajo y sin embargo mantienen a una provincia como la nuestra desconectada.

Trato Ciudadano desconfía, como ha quedado patente en la exposición de motivos,que en 2020 nuestros municipios vayan a tener acceso a la banda ancha, pues el lobby de puertas giratorias en que se han convertido las grandes empresas de telecomunicaciones ya están anunciando que la población rural es poco usuaria de la banda ancha, y que la cobertura con la banda de 800 MHz puede ser suficiente.

Si la situación no cambia seguiremos privando a nuestros pueblos de su desarrollo y condenándolos, definitivamente, a la desaparición.

           
            Por lo expuesto, el Grupo Provincial Trato Ciudadano presenta al Pleno esta PROPOSICIÓN para que se considere y se someta a votación para el siguiente ACUERDO.

1.      Solicitar al gobierno de España que inste a las empresas de telecomunicaciones a cumplir, en tiempo y forma, con el objetivo marcado por la Agenda Digital Europea.

2.      Solicitar al gobierno de la nación que en dicho cumplimiento se fije un calendario de obligado cumplimiento que favorezca la implantación gradual y efectiva de conexiones de 30 Mbps.


En Ávila, 21 de marzo de 2017





Rubén Arroyo Nogal
Portavoz del Grupo Provincial de Trato Ciudadano