13 febrero, 2018

POSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL TRATO CIUDADANO SOBRE EL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL (ROM)


DESDE EL GRUPO MUNICIPAL DE TRATO CIUDADANO QUEREMOS TRASLADAR A TODA LA CIUDADANÍA NUESTRA POSTURA ACERCA DE LA APROBACIÓN PROVISIONAL DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL (ROM) QUE FUE APROBADO EN EL PLENO DEL PASADO DÍA 26 DE ENERO, CON EL VOTO FAVORABLE DEL RESTO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS Y EL ÚNICO VOTO EN CONTRA DE TRATO CIUDADANO.
INCORPORAMOS LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS POR TRATO CIUDADANO EN EL PLENO, QUE AFECTAN A CUESTIONES ESENCIALES DEL FUNCIONAMIENTO DEMOCRÁTICO, QUE MOTIVAN NUESTRO VOTO EN CONTRA.

Composición de la Junta de Gobierno Local.-
Considerando que ejerce el verdadero gobierno del Ayuntamiento en menoscabo del Pleno, su composición debería ser proporcional al resultado electoral obtenido por todos los grupos. Es la costumbre y acervo seguido en la corporación, alterado en la presente legislatura en que es unitaria del PP y el resto asisten con voz pero sin voto. Es una forma de “modificar” el resultado electoral, dejando fuera de la toma de decisiones (la mayoría en esta legislatura) al resto de grupos políticos. Se defrauda la democracia, y se condiciona la conformación en el futuro de la Junta de Gobierno, que debe quedar abierta a los resultados electorales y a los acuerdos entre los grupos.

Artículo 63. Composición de la Junta de Gobierno Local
La Junta de Gobierno Local está integrada por el Alcalde o Alcaldesa, que la preside, y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos.
Con independencia de cuanto antecede, asistirán con voz pero sin voto un representante de cada grupo político municipal que no sea miembro de pleno derecho, al objeto de garantizar la debida transparencia y participación en el debate de los asuntos que a la misma concierne.

Retribuciones de los concejales “liberados”.-
Es inaceptable acordar un sistema de “liberaciones” para los concejales (una para cada grupo político), que se denomina “dedicación parcial”. El fin perece ser el de hacer funcionarios municipales a costa del presupuesto, que en cuanto al plan de gasto de personal se utiliza de forma ilimitada, con tal de proteger a todo precio la esfera de intereses políticos de los grupos.
Es una medida que contradice abiertamente las limitaciones presupuestarias legalmente establecidas, gravando los gastos que deben satisfacer todos los ciudadanos, mediante un despilfarro que pone en cuestión que los topes vigentes sobre personal eventual permitan en cambio un crecimiento añadido para los representantes políticos.  

Artículo 19. Derecho a la percepción de retribuciones y régimen de dedicaciones.
/…
2.
/…
Todo Concejal o Concejala perteneciente a un Grupo político podrá obtener una dedicación parcial, pudiendo realizar otras actividades remuneradas, que en ningún caso podrán causar detrimento a su dedicación a la Corporación, ni ser incompatible con la misma. En el caso de tales actividades, se requerirá con carácter previo una declaración formal de compatibilidad por parte del Pleno del Ayuntamiento.

A tal efecto, podrán acogerse al régimen de dedicación parcial (50 % de la jornada) un solo concejal de cada grupo, efectuándose su designación mediante Decreto del Alcalde una vez recibida la solicitud por parte del portavoz de los grupos que alcancen ese nivel de representación.

El referido porcentaje del 50% se verá incrementado en función de la representación que en el pleno  ostente cada grupo, hasta un máximo del 90%.           

Competencias del Pleno.-
Siendo el Pleno el principal protagonista del Ayuntamiento como representación genuina de la soberanía ciudadana, se prescinde de la más mínima cita a las competencias que ejerce. Sin duda, con la intención de despojarle de todo protagonismo democrático. Todo el contenido que se le reconoce figura en un renglón, frente a las tres páginas que se otorgan a la Junta de Gobierno Local.

Artículo 60. Atribuciones del Ayuntamiento Pleno.
El Pleno ejercerá las atribuciones que las leyes generales y sectoriales le confieran.

POR ESTO NUESTRO VOTO EN CONTRA, ES UN REGLAMENTO QUE CONSIDERAMOS ANTIDEMOCRÁTICO Y NUESTRA POSICIÓN EN ESTE ASUNTO NOS PARECE FUNDAMENTAL PARA ORIENTAR EL FUTURO BUEN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD.
NO VAMOS A RENUNCIAR A NUESTROS PRINCIPIOS.

10 febrero, 2018

ENCUENTRO DE CANDIDATURAS MUNICIPALISTAS DE CyL

El próximo sábado día 17 de febrero tendrá lugar en Palencia un Encuentro de Candidaturas Municipalistas de Castilla y León, en el que estará presente Trato Ciudadano. A lo largo de la jornada se desarrollarán diversos talleres y ponencias encaminados, entre otros objetivos, a compartir experiencias organizativas, políticas y programáticas entre las distintas candidaturas municipalistas y de confluencia en Castilla y León y mejorar la coordinación intermunicipal dentro de las provincias y en general en la comunidad de Castilla y León.

Ya tenemos el programa del Encuentro. Lo teneis a continuación.

Saludos.



27 enero, 2018

MOCIONES DE TRATO CIUDADANO PARA EL PLENO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Grupo Provincial
                                                                                                        



                                     
                        Diputación de Ávila





AL PLENO DEL 29 DE ENERO DE 2018

Don Rubén Arroyo Nogal como Portavoz del Grupo Provincial Trato Ciudadano en la Diputación de Ávila según lo dispuesto en el art. 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, presenta ante este Pleno Corporativo, para su inclusión en el orden del día, la siguiente PROPOSICIÓN a fin de que sea debatida y sometida a votación por el Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Consejo General de Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) (2007) define la Educación Social, desde el punto de vista de las demandas y necesidades sociales que cubre:
“[La Educación Social es un] derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que son ámbito de competencia profesional del educador social, posibilitando:
·         La incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social.
·         La promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social.”

El CGCEES, por tanto, sustenta su definición en dos pilares básicos: la Educación social como un derecho de la ciudadanía y como una profesión de carácter pedagógico. Este derecho de la ciudadanía vendría a cubrir un conjunto de carencias sociales por medio de la prestación de prácticas educativas y sociales. Actualmente, estas prácticas son llevadas a cabo por educadores y educadoras sociales, que se han formados en distintas disciplinas como la pedagogía social y que reciben una retribución económica por ello, lo que otorga a la educación social su carácter profesional.
La Educación Social es una profesión de carácter pedagógico, que aplica prácticas de acción social y educativa en contextos variados, tales como adicciones, desarrollo comunitario y participación ciudadana, diversidad funcional, educación ambiental, educación para la convivencia, educación de personas adultas, orientación familiar, dependencia, igualdad de género y violencia, inserción social, mediación, salud mental, etc. A pesar de resultar relativamente poco conocida, es desde los años 90 una titulación universitaria. El reconocimiento académico y formativo de la Educación Social se articuló tras la aprobación en el año 1991 del Real Decreto 1420/1991, de fecha 30 de agosto, que reguló el diseño curricular de las formaciones para la diplomatura universitaria de Educación Social.
Cabe señalar que Salamanca cuenta con dos Universidades que imparten actualmente el grado en Educación social, la USAL y la UPSA. Por su parte, la Universidad de León y Burgos también lo imparten y la UVA, en Valladolid y Palencia, cuentan también con este grado en sus titulaciones.
La profesionalización de la figura de educador social supuso importantes mejoras en lo tocante a su formación, a la consolidación de las prácticas socioeducativas y al desarrollo de nuevas herramientas. Las educadoras y los educadores sociales intervienen de forma directa, para actuar sobre determinadas situaciones sociales, a través de estrategias de carácter educativo. Además, se organizan en colegios profesionales, que promueven el desarrollo de la disciplina y fomentan las buenas prácticas.
No obstante, y a pesar de su notable presencia en los equipos profesionales de servicios sociales de ayuntamientos y diputaciones, la falta de regularización de la profesión impide un establecimiento claro de su alcance y sus límites, favoreciendo el intrusismo y la falta de criterios a la hora de afrontar procesos públicos de selección de esta figura profesional y de determinar sus funciones. Su incorporación a los equipos profesionales de servicios sociales básicos de los ayuntamientos y diputaciones, como administraciones más cercanas a la ciudadanía, está siendo muy lenta. En la actualidad, es un perfil habitual y fundamental en otras comunidades autónomas como Cataluña y País Vasco, no dándose esta situación en Castilla y León.
La Educación Social, sin embargo, no puede sino considerarse una profesión estable, dotada de un cuerpo de conocimientos distintivos y específicos provenientes de la investigación científica y el desarrollo teórico de la pedagogía social, plasmados en la formación de diplomatura o grado. El desarrollo de funciones públicas específicas con criterios técnicos de intervención, el reconocimiento de una retribución económica, la asunción de un compromiso ético y el autocontrol sobre el colectivo que ejercen los colegios profesionales son argumentos que evidencian un claro desfase entre la realidad de la profesión y su falta de regularización por parte de las administraciones.


Por lo expuesto, el Grupo Provincial Trato Ciudadano presenta al Pleno esta PROPOSICIÓN para que se considere y se someta a votación el siguiente

ACUERDO.


1. Manifestar el apoyo de la Diputación de Ávila a la Educación Social como profesión que cubre necesidades y demandas de la ciudadanía y genera cambios sociales a través de la educación.
2. Instar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la creación de una Ley de Regularización de la Profesión de Educación Social.
3. Dar traslado de estos acuerdos al Consejo General de Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales y al Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León.

En Ávila, a 22 de enero de 2018.


Rubén Arroyo Nogal
Portavoz del Grupo Provincial de Trato Ciudadano







 Grupo Provincial
                                                                                                        



                                                           Diputación de Ávila






AL PLENO DEL 29 DE ENERO DE 2018


            Don Rubén Arroyo Nogal como Portavoz del Grupo Provincial Trato Ciudadano en la Diputación de Ávila según lo dispuesto en el art. 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, presenta ante este Pleno Corporativo, para su inclusión en el orden del día, la siguiente PROPOSICIÓN a fin de que sea debatida y sometida a votación por el Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

            Las mafias de trata de seres humanos, con fines de explotación sexual o laboral, mueven 8,3 millones de euros al día en España, según datos del año 2016 del Ministerio de Sanidad.

            El artículo 117 bis del Código Penal Español tipifica como delito la explotación sexual, incluyendo la pornografía, en base a una serie de tipos y supuestos redactados en dicho artículo.

            La explotación sexual afecta a ambos sexos, pero principalmente son mujeres y niñas quienes sufren una de las expresiones más detestables de la violencia contra las mujeres y de desigualdad entre los sexos. La prostitución forzosa y la explotación sexual existen, entre otras muchas razones, porque hay una demanda de algunos prostituidores, mal llamados clientes, que se complacen sexualmente con la sumisión y humillación de otro ser humano, perpetuando así esta forma de esclavitud.

            Y existen también por muchos otros factores que visualizan, potencian e incitan a estos comportamientos. Por ejemplo, los anuncios publicitarios que es habitual encontrar entre los contenidos de numerosos medios de comunicación.

            En la mayoría de países europeos se equipara esta publicidad al proxenetismo. Sabemos que la eliminación de este tipo de anuncios no acabará con la explotación sexual, pero, sin duda, será una traba más en su difusión y un elemento de sensibilización contra una lacra social presente en nuestra sociedad y en nuestra ciudad.
     
         Los anuncios de sexo de pago en los medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales (muchas veces encubiertos bajos otros epígrafes menos explícitos), promueven una prostitución que, en muchos casos, controlan organizaciones criminales y mafias y que son una forma de violencia contra las mujeres que hay que erradicar. La presencia de estos anuncios “normalizan” esta situación de prostitución forzosa mediante reclamos publicitarios falsos y engañosos que sólo sirven para que las mafias sigan traficando con, principalmente, las mujeres y “legitimando” la explotación sexual a través de la comercialización.

            España es el único país de su entorno en el que todavía existen diarios de información general que hacen negocio con este tipo de anuncios, a pesar de que el Plan de Lucha contra la Trata incluye una petición (no una exigencia) para que los eliminen.

            En el año 2013, bajo el gobierno del actual presidente, M. Rajoy, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley que contó con el apoyo de todos los grupos, en la que se consideraban estos anuncios una “agresión contra la dignidad de las mujeres”.

            Nuestra Diputación tiene competencias muy limitadas en este campo, pero eso no le impide promover actuaciones de sensibilización y prevención que fortalezcan el rechazo social a la explotación sexual y frente a este tipo de anuncios, que fomentan el componente de violencia, desigualdad y discriminación que conlleva para las mujeres. Acciones con el fin de modificar actitudes de aceptación y desincentivar su consumo

            Por lo que invitamos a esta Corporación a servir de ejemplo y apostar por una lucha decidida con la trata de seres humanos dentro de nuestras competencias y de nuestro entorno, así como defender el derecho a no sufrir abusos ni a ser utilizadas sexualmente, ni de forma gratuita ni a cambio de ninguna compensación.

            Por lo expuesto, el Grupo Provincial Trato Ciudadano presenta al Pleno esta PROPOSICIÓN para que se considere y se someta a votación para el siguiente ACUERDO.
           
1.- La Diputación Provincial de Ávila acuerda que, en defensa de los Derechos Humanos y la lucha contra la violencia de género, se iniciarán las acciones necesarias para que en todos los procesos de contratación que se realicen desde este Ayuntamiento con medios de comunicación, se incluyan cláusulas sociales que primen las líneas editoriales que hayan renunciado a la publicación de anuncios que puedan fomentar la violencia de género y la prostitución. Incluidos los contratos menores de contratación directa.

2.- La Diputación Provincial de Ávila, dentro de las competencias que la ley le atribuye, no concederá ningún tipo de subvención a medios de comunicación que publiquen anuncios que puedan fomentar la violencia de género y la prostitución.

3.- Dar traslado de estos acuerdos a todos los medios de comunicación con los que esta Diputación mantenga relaciones contractuales y/o comerciales en la actualidad e instarles a que asuman la petición del Plan de Lucha contra la Trata para que eliminen estos anuncios.
Transcurrido un plazo prudencial de dos meses, si los medios que hayan recibido la petición de esta Diputación en relación a la eliminación de anuncios que colaboran con la prostitución o puedan incitar a la violencia de género, perseveran en esa línea, se iniciará un proceso de rescisión de las colaboraciones no sujetas al régimen de la Ley de Contratos del Sector Público como: publicidad institucional, suscripciones, anuncios, etc. Así mismo, la Diputación propondrá la no prórroga de los contratos vigentes a la finalización de los mismos.

4.- Instar al Gobierno Central y al Autonómico para que promuevan algún tipo de normativa que impida a los medios de comunicación lucrarse con la explotación sexual (mediante anuncios o publicidad), al suponer esta una forma de colaborar con la prostitución que, en muchos casos, controlan proxenetas y mafias y, en definitiva, con la violencia sexual. Y cumplir así con las recomendaciones del Plan de Lucha contra la Trata.


En Ávila, 22 de enero de 2018




Rubén Arroyo Nogal
Portavoz del Grupo Provincial de Trato Ciudadano